En relación con las recientes declaraciones de la Jueza Titular del Juzgado mixto N.º 2 de Granadilla de Abona , este sindicato no le queda otra que exigir respeto por los funcionarios allí destinados.
El partido judicial chasnero arrostra desde hace mucho tiempo una carga de trabajo y una falta de medios por todos conocida, hacer recaer sobre los funcionarios la responsabilidad de la situación que se vive en los juzgados de Granadilla es a todas luces injusto, baste recordar que a pesar que hace muchos años que la situación de sobrecarga, pesa sobre estos órganos, no se a aumentado la planta judicial, que continua en cuatro juzgados mixtos desde hace mas de 20 años, en este partido judicial se unen una serie de particularidades que raramente se dan en un mismo partido, por un lado es un polo industrial y turístico, por otro concentra una gran cantidad de población, tanto residente como flotante, ademas incluye grandes núcleos de población con una evidente conflictividad social junto a núcleos rurales dispersos y aislados.
A la insuficiencia de la planta judicial, hay que sumar la obsolescencia de la propia administración de justicia, anclada en un modelo decimononico, a pesar que desde el año 2003 estaba prevista la reforma de la organización judicial, esta no se ha abordado nunca, no existen servicio común de notificaciones, lo que lleva a duplicar como mínimo el trabajo de los juzgados al no existir coordinación entre los distintos órganos y repetir las salidas desde los diferentes juzgados, tampoco existe una especialización, encallados en el modelo de juzgados mixtos que evidentemente no es apropiado para el partido.
Por supuesto que son juzgados cubiertos por funcionarios interinos, tan validos y tan preparados como cualquier otro funcionario, estos interinos a los que parece achacársele gran parte de los males del partido judicial, son los que han mantenido en funcionamiento a pesar de la sobrecarga y las condiciones laborales que viven un partido judicial, tradicionalmente abandonado por las administraciones, situación que que se refleja en la evaluación de riesgos psicosociales realizada en el año 2013, sin que hasta la fecha se haya podido poner en marcha las medidas preventivas recogidas en por la falta de coordinación entre el Gobierno de Canarias, Ministerio de Justicia y Consejo General del Poder Judicial, tal y como venimos demandando desde INTERSINDICAL CANARIA
No es de recibo ni de justicia, hacer recaer sobre los trabajadores unos problemas ya viejos y de los que han sido siempre conscientes, tanto la administración autonómica como el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
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