Publicamos respuesta del Centro Directivo:El motivo del retraso de la entrada en funcionamiento del Juzgado de lo Social nº 9 de SC de Tenerife que estaba prevista para el 30 de junio, se encuentra en el retraso en la licitación del arrendamiento del local que albergará la sede de dicho juzgado. Transcribo a continuación los motivos que fueron informados al Ministerio de Justicia:
El día de hoy, 7 de mayo, ha sido publicado en el BOC Anuncio de 27 de abril de 2021, de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, por el que se convoca concurso público, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, para arrendamiento de un inmueble situado en Santa Cruz de Tenerife, área cercana a los distintos órganos judiciales de Santa Cruz de Tenerife, destinado a sede de dos Juzgados de lo Mercantil nº 1 y nº 2 del Partido Judicial de Santa Cruz de Tenerife. Esta licitación está destinada a reubicar los mencionados juzgados de lo mercantil para, en el espacio liberado, instalar el juzgado de lo social nº9 de Santa Cruz de Tenerife. Según la planificación que nos ha remitido la Dirección General de Patrimonio y Contratación, dependiente de la Consejería de Hacienda, una vez publicado el anuncio de licitación en el día de hoy, el plazo de presentación de ofertas se extenderá hasta el día 17 de mayo a las 12:00 horas. La primera convocatoria de la Mesa de licitación será el día 18 de mayo, para calificación de la documentación general. La segunda convocatoria de la Mesa de licitación el día 24 de mayo, apertura de las proposiciones. Por ello, prevén la finalización del procedimiento el 24 de junio, lo que impide, por razones ajenas a la voluntad de la Viceconsejería de Justicia y de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, la entrada en funcionamiento del juzgado de lo social nº9 de Santa Cruz de Tenerife en la fecha prevista del 30 de junio, ya que es muy posible que sea necesario realizar obras de acondicionamiento en el local arrendado y reubicar los juzgados mencionados.
Todo ello supone que la entrada en funcionamiento no se pueda producir antes del 31 de octubre próximo. A la vista del informe justificativo remitido al Ministerio de Justicia, éste ha autorizado que la puesta en funcionamiento se retrase a la fecha indicada.
