La decana de Santa Cruz afirma que el trato a las afectadas no mejorará con el mismo personal.
Las víctimas pueden verse perjudicadas por la llamada “comarcalización” de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, que consiste en concentrar en un partido judicial los asuntos que hasta ahora se llevan en uno o dos más.
Así lo considera la decana de los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, la magistrada Esmeralda Casado, quien considera que, sin dotar de suficientes recursos humanos y medios a los actuales órganos especializados en la materia en la capital tinerfeña, difícilmente se podrá lograr el objetivo de evitar la denominada “violencia institucional” de las mujeres afectadas por los malos tratos físicos o psíquicos por sus parejas o exparejas.
Los dos juzgados de violencia sobre la mujer existentes en Santa Cruz de Tenerife tendrán que asumir todos los casos que se han llevado hasta el momento en un órgano de La Laguna y otro del partido judicial de Güímar. Es decir, en la capital se concentran los asuntos de Santa Cruz, El Rosario, La Laguna, Tegueste, Tacoronte, El Sauzal, Candelaria, Arafo, Güímar y Fasnia.
Además, el órgano judicial especializado de Arona acogerá todos los delitos que hasta ahora se tramitaban en Granadilla de Abona. Es decir, en el Palacio de Justicia de Las Américas se recibirán los episodios de violencia machista de Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje, Arona, San Miguel de Abona, Granadilla, Vilaflor y Arico.
Esta medida entrará en vigor el 1 de enero del 2023 y, en el caso de Tenerife, la “comarcalización” se publicó el pasado miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La decana del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife explica que, desde un punto de vista cuantitativo, habrá que esperar a que acabe el primer trimestre del próximo año para conocer cómo aumenta el número de asuntos que deberán atender los dos órganos ya existentes. No obstante, Esmeralda Casado advierte de que lo que no va a reflejar la estadística es la percepción de las afectadas y la calidad del tratamiento que recibirán las víctimas en los juzgados, donde serán atendidas por el mismo número de funcionarios que hasta ahora había para dos municipios (Santa Cruz de Tenerife y El Rosario). Y es que, desde luego, “el tratamiento no será el mismo”. Pues, por ejemplo, no es lo mismo realizar el procedimiento de violencia sobre la mujer a tres víctimas en una jornada laboral que a una decena.
Casado habla con conocimiento de causa, pues, antes de ser decana, ejerció como titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de la capital tinerfeña.
Por ese motivo, se pregunta la magistrada si esta “comarcalización” va a generar “una posible revictimización” de las afectadas, cuando uno de los objetivos del Gobierno del Estado con la nueva normativa es, precisamente, intentar evitar la “violencia institucional” sobre las mismas.
Cada jornada un juzgado de violencia sobre la mujer, tanto tiene dedicación exclusiva a esta materia o es de carácter míxto, recibe las denuncias o atestados de la tarde-noche anterior y de ese mismo día. La inmensa mayoría de víctimas de violencia de género están asistidas por un abogado de oficio. Y cada día un único letrado de oficio debe asistir a todas las afectadas del mismo partido judicial y deberá escuchar a todas ellas para conocer cuáles son sus circunstancias.
Aclara Esmeralda Casado que, en la mayoría de los casos, las afectadas por violencia de género no acuden a un juzgado por haber sufrido un único delito puntual, sino que “traen una historia de vida”, es decir, de malos tratos que han durado años, por lo que el abogado que las asiste“debe escucharlas, entenderlas y empatizar con ellas” para hacer un buen trabajo.
La mayoría de las víctimas son vistas por un médico forense, que es el único que está en el Juzgado de Guardia para atender a estas mujeres y al resto de personas afectadas por otros delitos. El proceso se complica si hay niños, ya que tendrán que ser atendidos por un psicólogo.
El tercer paso de una afectada por agresión machista consiste en la toma de declaración por parte de la autoridad judicial y del fiscal. Y no es lo mismo valorar un robo con fuerza que un caso de violencia de género, pues en este último no se trata de “datos en frío”. El único letrado de la Administración de Justicia de cada juzgado deberá cotejar los dispositivos electrónicos en los que la perjudicada ha podido recibir insultos o amenazas de muerte, por ejemplo.
Además, en el mismo día se debe localizar y trasladar al juzgado al presunto autor del delito para tomarle declaración. Tras este paso, la autoridad judicial puede dictar una orden de protección a la mujer lo antes posible, con el objetivo de que el implicado ni se aproxime ni se comunique de manera alguna con la afectada.
Para Casado, alcanzar el objetivo de reducir o erradicar la “violencia institucional” entre las víctimas sin aumentar las plantillas de abogados de oficio, fiscales, médicos forenses, letrados de la Administración de Justicia o funcionarios va a ser muy complicado y, a su juicio, todo indica que el nuevo sistema irá en “detrimento en el trato” a las mujeres afectadas.
En cuanto a la idea de que la comarcalización de la atención se logra una mayor “especialización”, la decana de Santa Cruz de Tenerife piensa que “es un error”. “Todos los jueces que están al frente de juzgados de Violencia sobre la Mujer han hecho ya un curso de especialización” para ocupar ese puesto, explica Casado. Manifiesta que “se trata de lograr que el Juzgado atienda a las víctimas de forma personal, humana y digna”.
En un informe remitido por Casado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el periodo de estudio de la nueva norma se advertía que “un inconveniente grave” era el desplazamiento de las víctimas desde determinados lugares a los nuevos juzgados “comarcalizados”. Y es que puede haber personas afectadas que, si utilizan el transporte público desde un lugar alejado del partido judicial, como Fasnia o El Sauzal, por ejemplo, pueden tardar dos horas y media en llegar a Santa Cruz de Tenerife. Y esa situación se complica si las mujeres denunciantes tienen hijos a cargo, a los que deben llevar a los centros educativos y recogerlos.
Información publica en el día.es.
