La Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de
Canarias, a cuyo frente se encuentra Cesáreo Rodríguez Santos,
dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
regentada por José Miguel Barragán, ha sido condenada por el
Juzgado de Lo Social nº Cinco de Las Palmas por
el incumplimiento sistemático de las normas de prevención de
riesgos laborales respecto
a una funcionaria del Juzgado de Primera Instancia nº Siete de Las
Palmas de Gran Canaria.
Dicha condena comprende el
pago de daños y perjuicios a la víctima, así como su traslado a
otro órgano judicial en base al acoso laboral sufrido.
Para la Sección Sindical de
Justicia de INTERSINDICAL
CANARIA, esta
sentencia es reflejo de la
desidia que el
Gobierno de Canarias ha venido perpetrando respecto al personal de
ese Órgano Jurisdiccional.
Este pronunciamiento judicial,
si bien no directamente, deja señalados a los culpables del daño a
la salud sufrido por esta compañera, que
ni la Jefa de Servicio en su día destinada en esta Dirección
General ha querido o podido solucionar ni los gerifaltes del Servicio
de Prevención de la Comunidad Autónoma han querido atender, lo que
constituye un claro desprecio a la salud de los trabajadores.
Para INTERSINDICAL
CANARIA, el
reconocimiento judicial obtenido es una prueba objetiva más del
desprecio y el ninguneo
con que la Dirección General trata a sus funcionarios, pues pese a
tener conocimiento de estos gravísimos hechos desde el año 2009,
han mirado sistemáticamente para otro lado, menospreciando no sólo
la salud de la funcionaria demandante, sino también el de muchas
otras funcionarias que por tal Juzgado han pasado y fueron víctimas
de bajas médicas y ceses voluntarios por el calvario
al que fueron
sometidas por la actitud despótica y coercitiva desarrollada por el
Letrado de la Administración de Justicia de dicho órgano, ya
sancionado en vía disciplinaria como en su día informamos a la
opinión pública.
La sentencia que analizamos,
declara el
incumplimiento sistemático de todas las normas de prevención de
riesgos laborales que le eran -y son- de obligado cumplimiento al
Gobierno de Canarias, lo
que constituye una auténtica aberración se mire como se mire.
Tanto el abogado de la
trabajadora acosada, Nadim Jaber, como la Sección Sindical de
Justicia de INTERSINDICAL
CANARIA animan a
los integrantes del colectivo afectados por situaciones similares a
que ejerciten las acciones judiciales oportunas para que el
reprobable equipo de gobierno que sufrimos garantice de forma eficaz
el derecho a la salud del personal a su cargo, pues es un derecho
expreso de los trabajadores y una incuestionable obligación de los
gestores políticos.
Canarias,
a 28 de agosto de 2018
INFORMACIÓN RELACIONADA
