La Sala de Lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado la sanción impuesta al
Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº
Siete de Las Palmas de Gran Canaria, 3000 euros de multa, por el trato
desconsiderado con el que trataba a los funcionarios a su cargo, así como a
profesionales y ciudadanos. Ese comportamiento fue calificado como una falta
grave prevista en los artículos 468 bis 2 de la LOPJ y 155.8 del ROCSJ.
En
los Fundamentos de Derecho 1, 2 y 3 de la referida sentencia se hace constar
que el Letrado de la Administración de Justicia se dirigía a una compañera
nuestra con expresiones tales como “me importa una mierda cuando haya
hecho usted la estadística”, “parece usted tonta”, parece una paleta de pueblo”
o “gilipollas”, todo ello gritando”. “Usted aguantará todo lo que tenga que
aguantar, porque está aquí por el bolsillo”. “¿dónde cojones estaba usted
metida? ¿qué mierda ha estado usted haciendo hasta ahora?”.
En
ese mismo sentido, el tenor literal del 4º Fundamento de Derecho es el
siguiente: “En la oficina judicial y en voz alta con carácter general se
utilizó por el Sr. Letrado de la Administración de Justicia expresiones como
“me suda los cojones”, “joder”, “me suda la polla”, “todos son una manada de
gilipollas, incompetentes, funcionarios interinos de mierda, que el sistema
judicial es una puta mierda”, los que están en el juzgado no sirven, sobre
todo las mujeres, son una manada de chachas que no sirve ninguna ni
para hacer una hamburguesa vuelta y vuelta (el subrayado es nuestro).Si
de mí dependiera cortaría cuellos y me quitaría del medio a todos los
funcionarios interinos y de los funcionarios que hayan sido nombrados a dedo”.
La
lectura de de las expresiones a la que se aluden en la resolución judicial
firme, nos produce una indignación ilimitada, y cualquier
persona con el más elemental sentido común llegaría a la conclusión que es
inadmisible que personas así estén como servidores públicos al frente de un
Juzgado, y además, que resulta del todo incomprensible que la Comunidad
Autónoma que tiene el deber de proteger al personal a su servicio haya
consentido y encubierto lo que en ese Juzgado de Instancia se ha vivido durante
muchos años.
De otro lado, queremos también informar que sobre estos mismos
hechos y en estas fechas se ha celebrado un juicio ante la jurisdicción social
de Las Palmas, pendiente de sentencia,y por el que se pide responsabilidades a
la Comunidad Autónoma de Canarias por el incumplimiento continuado de sus
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales con una funcionaria
de ese Juzgado de Instancia y derivado del maltrato que recibía del Letrado del
Juzgado y que ha sido calificado como acoso laboral. Lo lamentable y por
consiguiente destacable es que ese comportamiento hacía los funcionarios era
conocido por la Dirección General de Relaciones con las Administración de
Justicia, y sin embargo dejaron a los funcionarios afectados sin ningún tipo de
protección, dejándolos a los mismos a su suerte, y teniendo que pedir ceses
voluntarios de sus puestos de trabajo. Resulta indignante comprobar como la
Comunidad Autónoma que tiene el deber legal de protección de su personal ha hecho caso omiso del mismo,
mostrando una dejación absoluta, una inacción inaceptable y un pasotismo
sonrojante. No hemos visto ningún tipo de empatía con las víctimas de este
repugnante trato que recibían de un superior. Desde INTERSINDICAL CANARIA queremos
transmitirles a todos nuestra incondicional solidaridad, al tiempo que
incidimos en nuestra tolerancia cero frente a comportamientos tan
intolerables como los descritos en la sentencia que analizamos.
Canarias,
a 14 de junio de 2018.
