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viernes, 22 de junio de 2018

INTERSINDICAL CANARIA INFORMA:EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA TITULAR DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA SIETE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CONDENADO AL PAGO DE MULTA DE 3000 EUROS POR LA COMISIÓN DE FALTA GRAVE DE DESCONSIDERACIÓN HACIA UN FUNCIONARIO


La Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado la sanción impuesta al Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº Siete de Las Palmas de Gran Canaria, 3000 euros de multa, por el trato desconsiderado con el que trataba a los funcionarios a su cargo, así como a profesionales y ciudadanos. Ese comportamiento fue calificado como una falta grave prevista en los artículos 468 bis 2 de la LOPJ  y 155.8 del ROCSJ.

                En los Fundamentos de Derecho 1, 2 y 3 de la referida sentencia se hace constar que el Letrado de la Administración de Justicia se dirigía a una compañera nuestra con expresiones tales como “me importa una mierda cuando haya hecho usted la estadística”, “parece usted tonta”, parece una paleta de pueblo” o “gilipollas”, todo ello gritando”. “Usted aguantará todo lo que tenga que aguantar, porque está aquí por el bolsillo”. “¿dónde cojones estaba usted metida? ¿qué mierda ha estado usted haciendo hasta ahora?”.
                En ese mismo sentido, el tenor literal del 4º Fundamento de Derecho es el siguiente: “En la oficina judicial y en voz alta con carácter general se utilizó por el Sr. Letrado de la Administración de Justicia expresiones como “me suda los cojones”, “joder”, “me suda la polla”, “todos son una manada de gilipollas, incompetentes, funcionarios interinos de mierda, que el sistema judicial es una puta mierda”, los que están en el juzgado no sirven, sobre todo las mujeres, son una manada de chachas que no sirve ninguna ni para hacer una hamburguesa vuelta y vuelta (el subrayado es nuestro).Si de mí dependiera cortaría cuellos y me quitaría del medio a todos los funcionarios interinos y de los funcionarios que hayan sido nombrados a  dedo”.
                La lectura de de las expresiones a la que se aluden en la resolución judicial firme, nos produce una indignación ilimitada, y cualquier persona con el más elemental sentido común llegaría a la conclusión que es inadmisible que personas así estén como servidores públicos al frente de un Juzgado, y además, que resulta del todo incomprensible que la Comunidad Autónoma que tiene el deber de proteger al personal a su servicio haya consentido y encubierto lo que en ese Juzgado de Instancia se ha vivido durante muchos años.
                De otro lado, queremos también informar que sobre estos mismos hechos y en estas fechas se ha celebrado un juicio ante la jurisdicción social de Las Palmas, pendiente de sentencia,y por el que se pide responsabilidades a la Comunidad Autónoma de Canarias por el incumplimiento continuado de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales con una funcionaria de ese Juzgado de Instancia y derivado del maltrato que recibía del Letrado del Juzgado y que ha sido calificado como acoso laboral. Lo lamentable y por consiguiente destacable es que ese comportamiento hacía los funcionarios era conocido por la Dirección General de Relaciones con las Administración de Justicia, y sin embargo dejaron a los funcionarios afectados sin ningún tipo de protección, dejándolos a los mismos a su suerte, y teniendo que pedir ceses voluntarios de sus puestos de trabajo. Resulta indignante comprobar como la Comunidad Autónoma que tiene el deber legal de protección  de su personal ha hecho caso omiso del mismo, mostrando una dejación absoluta, una inacción inaceptable y un pasotismo sonrojante. No hemos visto ningún tipo de empatía con las víctimas de este repugnante trato que recibían de un superior. Desde INTERSINDICAL CANARIA queremos transmitirles a todos nuestra incondicional solidaridad, al tiempo que incidimos en nuestra tolerancia cero frente a comportamientos tan intolerables como los descritos en la sentencia que analizamos.
                Canarias, a 14 de junio de 2018.