La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias ha sido condenada por el Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas por el incumplimiento sistemático de las normas de prevención de riesgos laborales respecto a una funcionaria del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Dicha condena comprende el pago de daños y perjuicios a la afectada, así como su traslado a otro órgano judicial en base al acoso laboral sufrido.
Según indicó la sección sindical de Justicia de Intersindical Canaria, esta sentencia es "reflejo de la desidia que el Gobierno de Canarias ha venido perpetrando respecto al personal de ese Órgano Jurisdiccional".
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