Según
información que nos han remitido nuestros sindicatos hermanos ELA y CIG, el pasado martes, 26/05/15, se celebró en el Ministerio
de Justicia reunión de la Mesa Sectorial de Justicia entre el Director General
de Relaciones con la Administración de Justicia y las centrales sindicales más
representativas del sector que tenía como objeto la negociación de la
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Respecto a este tema podemos hacer inicialmente
un breve resumen de la pésima y lamentable actuación del ministerio en la
presente legislatura.
* Hace más de un año se presentó, tras el trabajo
de una comisión de expertos ,una propuesta del tristemente célebre ministro
anterior, Sr. GALLARDÓN, que suponía una nueva redacción completa del
articulado de la LOPJ y que proponía una modificación radical de su contenido.
Esta propuesta modificaba la estructura judicial de todo el estado, suprimía la
mayoría de los órganos judiciales (partidos judiciales, audiencias
provinciales, juzgados de paz, etcétera), modificaba elcentro de destino que
pasaba a tener carácter provincial, ampliaba los supuestos de movilidad forzosa
del personal y, en suma, suponía el más grave ataque a la administración de
justicia y a los derechos de sus trabajadores en décadas.
* Finalmente, nos encontramos a fecha de hoy con
un texto que ya se encuentra en trámite parlamentario -nos dijeron que
podríamos negociarlo durante todo el tiempo de su tramitación pero nos han
convocado casi al final del mismo-, y que no tiene, afortunadamente, nada que
ver con la propuesta inicial del Sr. GALLARDÓN, pues ni es un nuevo articulado
completo de la ley, ni se modifica la estructura judicial del estado, ni se
suprimen órganos judiciales, ni se altera elcentro destino y los supuestos de
movilidad forzosa, ni afecta, en definitiva, a las principales materias que tan
gravemente regulaba el texto anterior. Se trata de un texto nuevo que ni tiene
nada que ver con el primero ni tampoco coincide, como éstos han denunciado en
mesa, con el texto negociado con los sindicatos estatales anteriormente
referidos, lo que nos hace pensar que dicho acuerdo no era más que, con la
complicidad involuntaria de aquéllos, una estrategia del ministerio para evitar
unas movilizaciones que, de otra forma, le venían encima.
Respecto al nuevo texto, que viene a ser una
reforma muy limitada de la LOPJ, hemos presentado por escrito diversas
alegaciones, de las que en la reunión hemos querido resaltar los siguientes
aspectos:
* Nos
hemos opuesto a la propuesta de que se reduzca la promoción interna ordinaria
al 30% de las plazas a convocar, pues si bien nos hemos mostrado favorables a
la existencia de procesos específicos de promoción interna, la existencia de
éstos, que además tendrán carácter extraordinario, sumados a los ordinarios no
nos asegura que vaya a garantizarse la reserva del 50% de las plazas que
existía hasta ahora. Esto tanto para Secretarios Judiciales, denominados en el
nuevo texto Letrados de la Administración de Justicia, como para el resto de
cuerpos que tienen procesos de promoción interna, si bien para éstos dicho 30%
quedaría aparte de la OEP anual y en este caso las plazas no cubiertas en
promoción no acrecerían al turno libre. Sobre esta cuestión el
Director ha manifestado que se revisará esta
regulación en el supuesto de los Secretarios.
* También hemos solicitado que la ausencia
justificada por enfermedad o accidente que no exceda de tres días no conlleve
reducción retributiva alguna. Respecto a esta cuestión el texto establece que
la licencia por enfermedad (situación de incapacidad temporal) deberá
solicitarse al cuarto día
de enfermedad, imponiendo descuentos en nómina en
los casos en que no se llegue a obtener dicha situación de incapacidad
temporal, es decir, cuando no alcancemos al cuarto día en dicha situación, algo
que entendemos que debe evitarse en cualquier caso.
* También nos hemos opuesto a la existencia de un
proceso disciplinario específico para Secretarios instando que, como hasta
ahora, se aplique el del resto de cuerpos. Procedimiento específico en el que
además se incrementan notablemente los plazos de prescripción de las faltas
respecto al resto de funcionarios, cuestión que el Director se ha comprometido
a revisar.
* También hemos solicitado una revisión del
alcance del centro de destino solicitando su limitación a efectos de facilitar
la movilidad voluntaria y dificultar la movilidad forzosa.
* Finalmente, hemos reiterado, tal como hemos
hecho en otras ocasiones, que incluyéndose en el texto que se encuentra ahora
en el Senado una reforma del artículo que regula las costas procesales en el
orden contencioso, se utilice dicha circunstancia para suprimir el criterio de
vencimiento objetivo al menos en materias de personal, algo de una importancia
crucial para la tutela judicial efectiva de nuestros derechos.
El director ha manifestado que nos darán próximamente
traslado de las enmiendas que se vayan a introducir en texto del proyecto y que
nos citará a una última reunión sobre esta materia.
