Los juzgados ya se encuentran en una situación límite. Las cargas de trabajo son inasumibles en numerosos órganos judiciales y la saturación es una realidad conocida tanto por los trabajadores como por la propia Administración.
Sin embargo, lejos de afrontar el problema mediante la creación de empleo público y el refuerzo estructural de las plantillas, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia propone la implantación de planes de actuaciones basados, esencialmente, en prolongar la jornada laboral durante las tardes para intentar absorber el incremento de trabajo.
Para Intersindical Canaria esta propuesta constituye un auténtico ejercicio de cinismo institucional.
La Administración reconoce que el sistema está desbordado. Reconoce que son necesarias medidas extraordinarias. Reconoce incluso que numerosos trabajadores ya prolongan habitualmente su jornada para sacar adelante el trabajo acumulado. Y, pese a ello, su respuesta no es reforzar las plantillas ni dotar de más medios a los órganos judiciales, sino ofrecer una compensación económica insuficiente para perpetuar un modelo basado en el sacrificio personal y el sobreesfuerzo de los empleados públicos.
Nos oponemos tajantemente a que la responsabilidad del funcionamiento de la Administración de Justicia siga recayendo sobre las espaldas de los funcionarios y sobre su salud física y mental.
La salud laboral, la conciliación familiar, el derecho al descanso y la vida privada de los trabajadores no pueden convertirse en la variable de ajuste de una Administración incapaz de dimensionar adecuadamente sus recursos humanos.
Los funcionarios no son responsables de la falta de inversión ni de la insuficiencia de plantillas. Tampoco deben asumir las consecuencias de decisiones políticas y presupuestarias ajenas a ellos.
Si la única manera de obligar a la Administración a incrementar las plantillas de funcionarios en la misma proporción en la que incrementa las plazas judiciales es que el sistema evidencie sus carencias y se vea desbordado, la responsabilidad será exclusivamente de quienes tienen la obligación de dotar adecuadamente el servicio público de Justicia.
No aceptaremos que el compromiso y la profesionalidad de los trabajadores sean utilizados para ocultar las deficiencias estructurales del sistema.
Los planes de actuación no son una solución.
Son la institucionalización de la precariedad organizativa y la confirmación de que la Administración pretende seguir sosteniendo el servicio público gracias al esfuerzo extraordinario de sus trabajadores en lugar de mediante una planificación adecuada y una inversión suficiente.
La Justicia no se sostiene con más tardes de trabajo.
La Justicia se sostiene con más plantilla, más medios y más inversión pública.
INTERSINDICAL CANARIA EXIGE:
* El incremento inmediato y proporcional de las plantillas de funcionarios ante cualquier aumento de plazas judiciales.
* La cobertura de todas las vacantes existentes y la creación de nuevas plazas estructurales.
* El rechazo a los planes de actuación como mecanismo ordinario de gestión de la carga de trabajo.
* La adopción de medidas reales de protección de la salud laboral y de la conciliación de los empleados públicos.
* Una planificación seria y responsable de las necesidades de personal de la Administración de Justicia.
NO AL SOBRECOSTE LABORAL SOBRE LOS FUNCIONARIOS
NO A LOS PLANES DE ACTUACIÓN COMO SOLUCIÓN ESTRUCTURAL
SÍ AL REFUERZO REAL DE LAS PLANTILLAS
INTERSINDICAL CANARIA MIRANDO AL FUTURO
INFORMACIÓN RELACIONADA
