Aunque los cuatro que llegan ahora a Canarias corresponden a la provincia de Las Palmas, en Arona ya se decretó otro el pasado junio.
Sindicatos de la administración de Justicia lamentan que no se contemple la creación de más plazas laborales para este tipo de juzgados pese a que la nueva ley amplía notablemente los casos que tienen que atender.
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