La Consejería de Presidencia acuerda los modelos judiciales de la fase 2 de la Ley de eficiencia, de espaldas a los trabajadores y a la ciudadanía.

Según publica el Gobierno de Canarias en su pagina web reúne a los miembros de la Comisión de Participación y Asesoramiento de Justicia para presentar y debatir los modelos de oficina judicial correspondientes a la fase 2 de implantación de los tribunales de instancia, en esta comisión a la que se convoco a todo el mundo incluyendo a la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, la fiscal superior de Canarias, el secretario de Gobierno del TSJC, el presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, la decana del Consejo Canario de Graduados Sociales, un vocal del Colegio de procuradores de Santa Cruz de Tenerife y los presidentes de las juntas de personal provinciales.

La negociación de lo que afecta a las condiciones de trabajo de las y los funcionarias y funcionarios, es competencia de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración de Justicia, se han consensuados unos modelos oyendo a todo el mundo incluidos colectivos que no forman parte propiamente de la administración de la administración de justicia, menos a las y los trabajadoras y trabajadores, tanto o mas afectadas y afectados por esta reforma que cualquier otro colectivo.

Se nos puede decir que a esa comisión asistieron las presidencias de junta, pero como ya indicamos, afectando a las condiciones de trabajo, el foro de negociación es la Mesa Sectorial no esa comisión de participación y asesoramiento y dichas presidencias acudieron como meros oyentes, dado los plazos impuestos por la administración no llevaron siquiera un mandato de los plenos de junta.

Como viene siendo habitual en el Gobierno de Canarias, en este y en otros tantos asuntos, prefiere avalarse por este tipo de órganos consultivos que reman cada uno a su interés y no escuchar a las y los trabajadoras y trabajadores, que se verán afectados por decisiones en la que no van a tener ni voz ni voto, la convocatoria pendiente de la Mesa Sectorial ya esta nuevamente viciada por acuerdos anteriores y ahora resta “cumplir el tramite” y sacar adelante este despropósito.

La tan cacareada, especialización, eficiencia y flexibilidad, se va a reducir, como ya vimos en la negociación de la fase 1 en la que ahora van a repetir todos sus errores, a la mas pura flexibilidad, un modelo que responde a intereses de otras esferas, pero no al del colectivo y mucho menos a los de la ciudadanía, que no vera ninguna mejora en el servicio.

No debemos diluir las responsabilidades, que es lo que pretende el Gobierno de Canarias con estas comisiones participativas, la responsabilidad del caos que se va a producir con la implantación apresurada y poco meditada de la Ley Orgánica 1/2025, corresponde en exclusiva al Gobierno de Canarias, que es en última instancia quien toma las decisiones.

¡Habiendo jefes! ¿Para que queremos indios?.