El 9 de marzo, se firmó un acuerdo entre el ministro Montoro y las organizaciones sindicales CCOO, CSI-F y UGT en el que, entre otras cuestiones, se establecen los incrementos retributivos de los empleados y empleadas públicos para el período 2018-2020. En este acuerdo se prevé un aumento de estas retribuciones del 8’75% en tres años, pero en realidad la parte fija junto con los fondos adicionales supone el 6’5%, mientras que el resto, el 1’5%, evolucionará paralelamente al comportamiento del PIB, y el 0'55% se vinculará íntegramente al cumplimiento del objetivo de déficit de las Administraciones Públicas en 2020. Por tanto, la primera valoración es negativa, puesto que se ha lanzado un mensaje falto de rigor y que peca de un exceso de optimismo.
Sin referencia al IPC
Hay que destacar que el Acuerdo omite cualquier referencia a la variación del IPC, un 4’4% de media para el periodo indicado dependiendo de las fuentes, que se tiene que restar del 8’75% de aumento. Si, además, ajustamos la propuesta de incrementos retributivos variables vinculados al cumplimiento del objetivo de crecimiento del PIB y de reducción del déficit público a las previsiones del mismo Gobierno, del FMI o del Banco de España, la pomposa cifra del 8’75% de incremento salarial puede verse seriamente restringida, ya que los objetivos de crecimiento económico del 2’5% del PIB para 2018 y 2019 son difíciles de conseguir y la reducción del déficit público al 0’5% del PIB en 2020 es poco menos que una quimera.
Aumento de un 2’95% real
Por estas razones, y con la prudencia que requiere una situación económica internacional bastante voluble, desde la Confederación Intersindical estimamos el aumento retributivo para el periodo 2018-2020 en un 2’95 % real. Con estos datos, la valoración nunca puede ser positiva si hablamos en términos de recuperación del poder adquisitivo perdido.
El contenido retributivo del Acuerdo es confuso y está sujeto a excesivos condicionantes futuros que lo convierten en una entelequia difícil de valorar y, al mismo tiempo, susceptible de titulares grandilocuentes que nada tienen que ver con la realidad. El anunciado aumento retributivo del personal de las Administraciones Públicas, superior al 8% en tres años, puede quedarse en un espejismo del 2’95 % si la evolución de los indicadores macroeconómicos, tanto del IPC, del PIB o del déficit público no es muy favorable. Y todo apunta a que no hay muchas probabilidades de que así sea.
Para la Intersindical con este Acuerdo retributivo se ha pretendido esconder, con promesas e ilusiones económicas sin fundamento, una cruda realidad: un aumento que a duras penas llega a un 3% en tres años, mientras que las trabajadoras y trabajadores públicos arrastramos a nuestras espaldas una pérdida de poder adquisitivo que perfectamente puede alcanzar el 16’6% desde 2010. Pensamos que tanto el ministro de Hacienda como las organizaciones sindicales firmantes, CCOO, UGT y CSI-F, por razones diferentes, pretenden consolidar la repercusión de la crisis económica en las trabajadoras y trabajadores públicos: el primero, porque nunca ha creído en los servicios públicos y en la dignidad de la clase trabajadora y, los otros, porque han carecido de perspectiva global y a largo plazo de las consecuencias de este Acuerdo.
Intersindical denuncia públicamente la penosa realidad y sigue reivindicando la recuperación plena del poder adquisitivo del personal de las Administraciones Públicas.
