Después de 7 años de vacatio legis, el grupo parlamentario Popular ha presentado un nuevo proyecto de ley que trata parchear la inminente desjudicialización del Registro Civil, y mantener al personal de Justicia junto con los Juzgados de Paz, en ese nuevo modelo de Registro Civil.
Dicha propuesta ha sido rechazada por votación de los grupos parlamentarios de la oposición, por resultar claramente insuficiente, no paralizar la privatización de los Registros Civiles ni la posible pérdida de garantías como servicio público y gratuidad del mismo.
La proposición de Ley del grupo parlamentario Popular propuesta en el Congreso establecia:
1. La supresión del sistema de división del Registro Civil en Secciones (Nacimientos, Matrimonios, Defunciones, Tutelas y representaciones legales y la creación de un registro individual con código personal).
2. La llevanza del Registro Civil por funcionarios pertenecientes al Ministerio de Justicia.
3. La implantación de un registro civil único para toda España informatizado y electrónico.
Introduce la siguiente novedad:
4. Mantiene las actuales plantillas, que solo podrán ser cubiertas por Funcionarios de los cuerpos de la Administración de Justicia.
Las consecuencias inmediatas, es la entrada en vigor en junio de 2018 de la Ley de Registro Civil 20/2011 con las irreversibles y tremendas consecuencias antes comentadas.
En concreto, en lo que respecta a los funcionarios de Justicia, posible pérdida de su puesto de trabajo, con opción de ocupar con carácter preferente, algunos puestos en oficinas regístrales, prestando servicios para otras administraciones. Además de entregar a los Notarios la suculenta tramitación privada en materia de nacionalidad y matrimonios civiles, desvirtuando por completo la gratuidad de estos servicios como públicos.
El actual modelo de Registro Civil implantado en 1950 es conveniente modernizarlo, pero sin que ello suponga que se tenga que prescindir del personal de Justicia, altamente especializado y seleccionado bajo los principios de mérito y capacidad.
Desde INTERSINDICAL CANARIA exigimos:
1. La prorroga urgente de la entrada en vigor de la ley del Registro Civil que entrará en vigor en Junio de 2018.
2. Una nueva propuesta de ley que recoja todas las exigencias que venimos demandando para el Registro Civil, que continúe constituyendo un servicio público, servido por la actual plantilla de la Administración Justicia especializada, y no por otras administraciones.
3. Que continúe la gratuidad de este servicio público y el mantenimiento del Registro Civil incardinado dentro de la Administración de Justicia.
Que continúen existiendo las actuales oficinas del Registro civil garantizando la proximidad del servicio público al ciudadano.
