PRIMERO:
Que el pasado 23 de enero por el negociado de seguridad y Salud
laboral se remitido por el email a los Delegados de Prevención un
escrito del Director General sobre obre
la Huelga de limpieza en los edificios judiciales, con el siguiente
contenido:
Asunto:
Información solicitada por Delegados de Prevención – Huelga de
Limpieza
Con
registro de entrada de varios Delegados de Prevención de Riesgos
Laborales, sobre la problemática de la huelga declarada por la
empresa de limpieza “Ralons” en varios edificios judiciales.
Debemos
informarle sobre el citado asunto, que el problema de limpieza
existente en la mayoría de los Edificios Judiciales de la Provincia,
fue resuelto con fecha 17 de enero de 2018, motivo por el cual el
servicio de limpieza realizó las tareas propias de dicho servicio el
día 18 de enero de 2018 en todos los edificios judiciales.
Cesáreo
Rodríguez Santos
Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia-
Al
parecer desde hace día los trabajadores de limpieza se han puesto de
huelga debido a que una vez mas el empresario incumplió nuevamente
sus obligaciones con los trabajadores, y no se están limpiando en
los edificios judiciales, y por lo tanto no se están garantizando lo
establecido
en el R.D.
486/1997,
de 14 de abril,por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo, que en normativa de obligado cumplimiento.
A
la pregunta de esta representación sindical en la Mesa Sectorial de
Justicia del día de ayer 8 de febrero de 2018, se nos ha contestado
que esa dirección general no tiene comunicación oficial de la
existencia de preaviso de huelga por parte del personal de limpieza.
SEGUNDO:
En el Boletín Oficial de Canarias de 27 de enero de 2016 se publico
en el Anuncio
de 19 de enero de 2016, por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de limpieza de los Órganos de la
Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
la realización del servicio de limpieza a realizar en las sedes e
instalaciones de los Órganos de la Administración Justicia de las
provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.
Dicho
contrato se adjudico a Ralons
Servicios, S.L.
por un importe de Siete millones doscientos cuarenta y nueve mil
doscientos setenta y dos (7.249.272,00)
euros, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la
Administración.
Que
de acuerdo a lo establecido en el Pliego
de cláusulas administrativas
de dicho contrato, el empresario tiene las siguientes obligaciones:
El
contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las
disposiciones vigentes
en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en
el trabajo,
debiendo tener
a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del
contrato,
respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de
empresario.
A
tal efecto, se tendrá en cuenta lo siguiente:
-
Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos.
- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones , la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.
-
La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.
- En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a este de todos 20 los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal.
Por
lo tanto el empresario esta incumpliendo las obligaciones
establecidas en dicho contrato, al incumplir lo establecido en el
R.D.
486/1997,
de 14 de abril,por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo, normativa de obligado cumplimiento, y por
otro lado por incumplir las obligaciones con los trabajadores por no
garantizar el pago de los salarios, situación que viene padeciendo
los trabajadores y trabajadores periódicamente.
TERCERO:
La Dirección General
no puede ser cómplice de la precarización laboral, máxime cuando
esta merma de derechos laborales se hace con dinero público de por
medio. La situación de las trabajadores/as trabajadoras que
desempeñan las tareas de limpieza en las dependencias judiciales no
es admisible y la Dirección General y la Consejería de Justicia
tendrían que actuar para solucionar dicha situación, y tomar las
medidas oportunas, incluyendo la posibilidad de rescisión del
contrato.
CUARTO:
Sorprende
a esta representación la doble moral por parte del Presidente del
Gobierno de Canarias por una parte demanda la derogación de la
reforma laboral , tal y como manifestó en un medico de comunicación
de Canarias el pasado 15 de noviembre de 2017, y por otro lado
consiente al precarización laboral de los trabajadores por parte
de la empresa encargada de la realización del servicio de limpieza
a realizar en las sedes e instalaciones de los Órganos de la
Administración Justicia de las provincias de Las Palmas y de Santa
Cruz de Tenerife, algo inexplicable.
QUINTO:
Ante
dicha situación Intersindical
Canaria exige la inmediata intervención de los responsables con
el objetivo de obligar a la empresa contratada para la limpieza
de las dependencias judiciales (RALONS) sufragada con dinero público,
al estricto cumplimiento de los derechos de los trabajadores, que
incluye el abono de los emolumentos atrasados y que asciende a abono
de nóminas y la pagas extraordinarias pendiente, para desactivar
un conflicto en el que está en juego, además, el derecho
fundamental de los usuarios y trabajadores a ser atendidos y
desarrollar su labor, respectivamente, en unas condiciones de
salubridad adecuadas de acuerdo a los establecido en le R.D. 486/97
de lugares de trabajo y por incumplir las obligaciones establecidas
en dicho contrato.
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia
Número de expediente SE-07-15
Número de expediente SE-07-15
