INTERSINDICAL
CANARIA recurrirá ante los Tribunales la Orden de 25 de marzo de 2014, por la
que se establecen los términos del descuento en nómina aplicable al personal de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y al de los
organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma, en los
supuestos de ausencia al trabajo por enfermedad o accidente que no den lugar a
una situación de incapacidad temporal así como la Instrucción de 6 de mayo de
2014 de la Dirección General de la Función Pública que establece los términos
de su aplicación.
No
contentos con los recortes aplicados por el Gobierno del PP a l@s trabajador@s
públicos: descuento en nómina, eliminación de la paga extra de 2012, días de
moscosos y canosos, …. el pasado 28 de marzo, el Gobierno de Canarias (CC-PSOE)
atenta contra el derecho más fundamental de l@s trabajador@s públicos, EL DERECHO A LA SALUD, disponiendo mediante Orden lo siguiente:
1.-
L@s trabajador@s públicos sólo tendremos derecho a 4 días de ausencia al año
(sólo tres consecutivos) por motivos de enfermedad o accidente que no dé lugar
a una situación de incapacidad temporal.
2.-
La ausencia durante la jornada de trabajo por enfermedad o accidente que no dé
lugar a una situación de incapacidad temporal tendrá la consideración de un día
de ausencia.
3.-
Las ausencias que superen el límite de los 4 días (asistencia a médicos o
especialistas) comportarán descuento en nómina o, según la instrucción, la
recuperación de la jornada no trabajada.
Desde INTERSINDICAL CANARIA consideramos que los empleados
públicos hemos sufrido un continuo acoso, una persecución con la intención de
reducir al mínimo nuestros derechos y los servicios públicos que nosotros
mantenemos y son necesarios para la ciudadanía. Como Empleados Públicos nos han
convertido en moneda de cambio de la situación social adversa que vivimos y han
aprovechado el discurso de la crisis para recortarnos derechos que van mucho
más allá de los que serían estrictamente necesarios para ajustar las cuentas.
Están aprovechando la crisis para convertir una sociedad de derechos sociales
con unos servicios públicos adecuados, en una sociedad mercantilista de
contrataciones privadas con una merma de derechos. Con esta orden y con la
instrucción dictada nos quitan el derecho de asistencia médica durante la
jornada de trabajo, esto es, el derecho más fundamental de toda persona, el
DERECHO A LA SALUD. Nos castigan por enfermar, por ir o por llevar a urgencias
a nuestros seres queridos, Nos castigan por ser responsables con nosotros
mismos, con nuestro trabajo y con nuestros compañeros. Por todo ello y porque
los empleados públicos nos merecemos un trato más digno es por lo que, desde
INTERSINDICAL CANARIA, interpondremos un RECURSO contra esta orden y estas
instrucciones y SEGUIREMOS LUCHANDO a favor de los derechos más elementales que
tenemos los ciudadanos en general y los empleados públicos en particular.
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Campaña de recogida de firmas contra el acceso al historial clínico de los empleados públicos
Petición al Gobierno de Canarias para que cese de inmediato en su pretensión de acceder a los historiales clínicos y médicos de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma en situación de baja médica.
El anteproyecto de ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales de Canarias propone otorgar la potestad a la Inspección General de Servicios, adscrita a la Consejería de Presidencia, de acceder a las historias clínicas y ficheros en manos del Servicio Canario de Salud de los 60.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma para, supuestamente, valorar la situación de las incapacidades temporales.
Desde las Federaciones del ámbito público de Intersindical Canaria (STEC-Intersindical Canaria, Federación de Salud y Federación de Administraciones Públicas) consideramos que tal actuación supondría una grave violación del derecho a la intimidad de los empleados públicos, reconocido en la Constitución y directrices europeas, así como de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos que establece que el acceso a la información de carácter personal referida a la salud sólo se podrá realizar si el afectado consiente expresamente. Igualmente, consideramos que la creación del Servicio de Inspección General de Servicios dependiente de la Consejería de Presidencia, supone una duplicidad innecesaria de departamentos que solo apunta al despilfarro de dinero público y a un claro intento de incentivar aún más la persecución respecto a los empleados públicos que por cualquier razón caigan enfermos.
Por tal motivo, los firmantes de esta petición manifestamos nuestro absoluto rechazo a esta nueva y gravísima lesión de derechos fundamentales que pretende imponer el Gobierno de Canarias, al tiempo que exigimos su inmediata retirada.
Desde Intersindical Canaria y sus Federaciones del ámbito público, caso de persistir el Gobierno autonómico en esta descabellada propuesta, llamaremos a la movilización del conjunto de empleados públicos al tiempo que acudiremos a todas las instancias judiciales que procedan para defender los derechos de los empleados públicos de Canarias.
Si estás de acuerdo con nuestras reivindicaciones firma la petición pinchando aquí.
El anteproyecto de ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales de Canarias propone otorgar la potestad a la Inspección General de Servicios, adscrita a la Consejería de Presidencia, de acceder a las historias clínicas y ficheros en manos del Servicio Canario de Salud de los 60.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma para, supuestamente, valorar la situación de las incapacidades temporales.
Desde las Federaciones del ámbito público de Intersindical Canaria (STEC-Intersindical Canaria, Federación de Salud y Federación de Administraciones Públicas) consideramos que tal actuación supondría una grave violación del derecho a la intimidad de los empleados públicos, reconocido en la Constitución y directrices europeas, así como de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos que establece que el acceso a la información de carácter personal referida a la salud sólo se podrá realizar si el afectado consiente expresamente. Igualmente, consideramos que la creación del Servicio de Inspección General de Servicios dependiente de la Consejería de Presidencia, supone una duplicidad innecesaria de departamentos que solo apunta al despilfarro de dinero público y a un claro intento de incentivar aún más la persecución respecto a los empleados públicos que por cualquier razón caigan enfermos.
Por tal motivo, los firmantes de esta petición manifestamos nuestro absoluto rechazo a esta nueva y gravísima lesión de derechos fundamentales que pretende imponer el Gobierno de Canarias, al tiempo que exigimos su inmediata retirada.
Desde Intersindical Canaria y sus Federaciones del ámbito público, caso de persistir el Gobierno autonómico en esta descabellada propuesta, llamaremos a la movilización del conjunto de empleados públicos al tiempo que acudiremos a todas las instancias judiciales que procedan para defender los derechos de los empleados públicos de Canarias.
Si estás de acuerdo con nuestras reivindicaciones firma la petición pinchando aquí.
