La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el pasado 30 de septiembre conceder el amparo institucional que había solicitado la magistrada Sofia Elena Valdivia, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Arona, ante las presiones que denunció haber soportado durante tres semanas por parte del director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Tenerife, Jesús María Vega, para que autorizara la inhumación de las 24 personas que fallecieron a finales de abril cuando trataban de llegar a las costas de Canarias en un cayuco localizado a la deriva a 500 kilómetros de El Hierro.
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