Desde
INTERSINDICAL
CANARIA - Sector Justicia,
te informamos que habiéndose celebrado el día 28 de abril La Mesa
General de Negociación de Empleados Públicos se abordaron diversas
cuestiones, de entre los cuales a los funcionarios de la
Administración de Justicia nos afecta el
punto Anticipos
reintegrables
En
relación con este punto,atendiendo a la situación actual que genera
el COVID-19 , a
instancias de las centrales sindicales se
ha pedido
aprobar una moratoria para aplazar la devolución de los anticipos
reintegrables durante un periodo de tres meses, a instancias y según
el interés de cada empleado público.
La
administración nos informa que esta
modificación de las condiciones de devolución significa
la publicación de un decreto y el visto bueno del Parlamento. No se
ha iniciado expediente administrativo, ni hay informe de la Dirección
General de Servicios Jurídicos con lo cual si se aprueba y hay
Decreto, entrará
en vigor, pero nos podemos encontrar con informe negativo de la
tramitación parlamentaria por problemas de liquidez
según
Disposición adicional décima de la LPGCAC.
Por
acuerdo de la Mesa
se insta
a solicitar
el inicio de la tramitación de esta moratoria voluntaria de tres
meses en la devolución de las cuotas de los anticipos reintegrables.
La
dirección General de la Función Publica planteó que esta medida
tendría un costo contable d 4.500.000€ . Para Intersindical
Canaria este dato es meramente especulativo, que el dato crucial para
ver el costo real es ver cuántos
empleados públicos se acogen a esa posibilidad una vez se apruebe.
Entonces, solo entonces, valoraremos el costo real. La Dirección de
la Función Pública se comprometió en el momento oportuno a
traernos las cuentas definitivas.
En
otro orden de cosas se propone tramitar conjuntamente en ese Decreto,
la adaptación a la Sentencia del Constitucional para las ayudas
de acción social,
que hay que adaptar al crédito (3 millones de euros) porque el
excedente fue al capítulo I.
Desde Intersindical Canaria insistimos en la pelea por los 5
millones,
cuestión que, de ser preciso, defenderemos ante los tribunales, ya
que la Acción Social corresponde a un porcentaje de la masa salarial
que nos han venido hurtando cada año. Artículo 47.2 de la Ley de
Presupuestos. Por parte de nuestra organización no hay acuerdo, ya
que se trata de una ejecución de sentencia y no de un acuerdo de la
Mesa. Intersindical Canaria entiende que los 5 millones fueron
negociados por los representantes de los trabajadores, defendido y
aprobado en el Parlamento
de canarias y que es obligación del Gobierno defender esa cantidad
completa de Acción Social aprobada en Canarias
frente a los requerimientos (una vez más) del Gobierno de España.
Recordar que quedan,
una vez se reanuden los plazos, tres días para solicitud de las
ayudas de acción social 2019.
Las
del 2018 se habrán abonado en esta nómina de Abril.
En el apartado de
ruegos y preguntas, se
le planteó
a la Administración la necesidad de que contará
con la representación sindical, los comités de empresa y los
Comités de Seguridad
y Salud,
para organizar, preparar y hacerle un seguimiento a
la “desescalada“ en
cada una de las diferentes Consejerías, teniendo en cuenta el
personal vulnerable
y las adaptaciones
de los puestos de trabajo que lleva aparejado y siguiendo las
recomendaciones del Sanidad y de los servicios de prevención.
Lamentablemente en
el SECTOR
DE JUSTICIA
, todo son imposiciones desde la cúpula del Ministerio
correspondiente, a cuyos caprichos se plega nuestra DGRAJ, desde
INTERSINDICAL
CANARIA exige la
convocatoria urgente de la MESA
SECTORIAL DE JUSTICIA
y del COMITE
DE SEGURIDAD Y SALUD para
tratar dichas cuestiones pues el decretazo de desescalada puesto en
vigor por el Ministerio y sus secuaces, nos deja al pie del COVID-19,
pues todavía no se puede garantizar las medidas adecuadas en los
diferentes edificios judiciales.
