Las medidas tomadas por el gobierno español y el ejecutivo canario en relación con la actual pandemia de COVID-19 y en lo relativo a la salvaguardia de derechos laborales básicos y a la preservación de los empleos, las valora Intersindical Canaria como insuficientes. Entendemos que el ejecutivo viene obligado, a posibilitar que NINGÚN trabajador vea lesionado sus salarios o derechos como consecuencia del estado de alarma, además de prever y evitar la proliferación de despidos injustificados que al calor de la actual pandemia se puedan dar en los centros de trabajo. Esta exigencia se hace ineludible en el país canario por la especial vulnerabilidad de su clase trabajadora, ya que Canarias, ante la presente crisis parte de una posición de alta desventaja por arrastrar las peores condiciones laborales del Estado, con altísimo desempleo, bajos salarios, trabajo precario, en un contexto social que contabiliza el mayor número de ciudadanos en el umbral de la pobreza. Estas circunstancias van a convertir a los trabajadores canarios en “carne de cañón” en la actual batalla contra la pandemia, ante lo que exigimos recursos de protección laboral añadidos para que empleados, desempleados, dependientes o jubilados no vean empeorados sus actuales derechos laborales o de prestación social.
Globalmente, consideramos tardía, timorata y a remolque de los acontecimientos la respuesta de los ejecutivos español y canario ante la actual crisis social y sanitaria, dando la impresión que en la prioridad de los decretos, el ejecutivo ha antepuesto mantener activos los centros de producción no esenciales y de garantizar los intereses empresariales que de evitar la propagación de una epidemia mediante las suficientes medidas de limitación de la libertad de circulación de las personas. No de otra manera debe entenderse el mantenimiento injustificado de la actual actividad laboral en sectores no vitales para la población o se haya procedido, tardía y desordenadamente, al cierre de alojamientos turísticos provocando temerarias concentraciones en los aeropuertos sin medidas de seguridad para evitar el contagio.
Con carácter general, las administraciones públicas y el sector privado han incumplido en los centros de trabajo la legislación básica en materia de prevención y salud en el trabajo. Resulta especialmente grave la carencia generalizada de elementos básicos de protección en muchos centros de trabajo, incluidos las de carácter público, pero también manteniendo desinformados a los representantes de los trabajadores y evitando a los delegados de prevención sindicales plantear en el ámbito de la empresa sus propuestas para la mejor protección de los empleados ante la actual la pandemia.
Resaltamos la necesidad de controlar el riesgo para evitar la expansión del virus y de las situaciones que conlleven la pérdida de vidas. Por ello, y al disponer de una Sanidad devastada por los sucesivos recortes, con escasos medios humanos y materiales, exigimos al ejecutivo que articule sin más demora las medidas necesarias para que la escasez de recursos en los centros sanitarios, no continúen incrementando el número de damnificados por la actual pandemia.
