Los responsables judiciales, militares y de la Guardia Civil, las autoridades tinerfeñas y españolas, y los partidos políticos "intentaron tapar y entorpecer en vez de aclarar" las responsabilidades del asesinato del estudiante grancanario Javier Fernández Quesada el 12 de diciembre de 1977 –en plena Transición– en las escalinatas del campus central de la Universidad de La Laguna (ULL).
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