El
pasado día 19 de octubre el Consejero de Presidencia Justicia e
Igualdad José Miguel Barragán, firmo al margen de las mayorías
sindicales y obviando cualquier tipo de negociación en los foros
adecuados, un acuerdo de compromiso para la mejora del empleo publicoy las condiciones de trabajo del sector publico de la ComunidadAutónoma de Canarias, que entre otras cuestiones que “no afectan
al personal de justicia”, se trata el restablecimiento hasta el 100
% del complemento retributivo en situaciones de incapacidad temporal.
Este
acuerdo firmado entre la Consejería y los sindicatos que
tradicionalmente han dado amparo a las políticas gubernamentales y
que en este caso son colaboradores necesarios en que se prolongue en
el tiempo esa aberración que consiste en penalizar al trabajador por
enfermar, da carta de naturaleza a la idea de la administración que
es necesario la inclusión de esta reforma en la ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2019 obviando que el
Real Decreto 956/2018 Decreto de 27 de julio donde se aprobaba y publicaba el acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación General del Estado, del 23 de julio de 2018, en relación al régimen retributivo de la situación de Incapacidad Temporal del personal al servicio de la administración general del estado y organismos y entidades publicas dependientes, que es de aplicación supletoria a la
administración de justicia entre otras, eliminaba los descuentos por
IT, y que entre otros organismos al personal al servicio de la
Administración General del Estado no se les aplica el descuento por
IT desde el 31 de julio, a la Comunidad Autónoma de Euskadi desde el
1 de septiembre y al cabildo de Tenerife desde 17 de septiembre, sin
que en ningún caso haya sido necesario inclusión alguna en Ley de
Presupuestos, Ley que aun esta por ver si sale adelante y como sale, pues no hay que olvidar aunque los firmantes lo hagan, que Coalición Canaria solo cuenta con el apoyo de dieciocho de los sesenta diputados que componen el parlamento autonómico.
Este
acuerdo que ahora pretende hacerse pasar por un gran avance es ni más
ni menos que una interpretación restrictiva de los acuerdos de
Madrid y que mantiene las penalizaciones, poniendo trabas a la
recuperación de derechos, con el apoyo de los sindicatos
firmantes, que a nuestro entender solo estaban interesado en salir en la
foto para poder vender algo aunque solo fuera humo, es una
continuación de las políticas que tanto daño hicieron a los
trabajadores en los pasados años de crisis y que el gobierno de
Canarias se empeñan en mantener contra viento y marea pues su único
interés es la estabilidad presupuestario a costa de quien sea.
Aunque
es cierto que las medidas recogidas en el acuerdo han de llevarse a
negociar a la Mesa General de Empleados Públicos, no es menos cierto
que Coalición Canaria ya ha conseguido el apoyo de CC.OO, U.G.T y
CSI.F., que no cuentan con la mayoría sindical, tal vez por
ahí vengan sus prisas en firmar un acuerdo que da un respaldo
importante a la posición gubernamental de seguir descontando por
ponerse enfermo todo el tiempo que puedan.
