El plazo legal para la
implantación obligatoria del expediente judicial electrónico venció ayer, día 8 de julio, y desde INTERSINICAL CANARIA denunciamos el
incumplimiento grave de la Ley por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias
con competencias transferidas al no haber dotado de los medios tecnológicos
suficientes a la inmensa mayoría de los juzgados y tribunales y a ninguna de
las fiscalías.
Sin ser adivinos ni videntes INTERSINDICAL
CANARIA ya adelantó este incumplimiento en el mes de enero en su
escrito de alegaciones al documento remitido por el Servicio de Modernización y
Organización de la Dirección General denominado nada más y nada menos que
““Estrategia de comunicación y gestión de certificados” tendente a la
implantación del papel 0 en la Comunidad Autónoma de Canarias, denunciando el
caos y el perjuicio que se iba a ocasionar a los trabajadores/as y al ciudadano
en general. El tiempo lamentablemente nos ha dado la razón en todo lo expuesto
en nuestro escrito de alegaciones; la puesta en marcha del papel 0 sin la
formación y la información adecuada a los compañeros/as no nos parece seria, la
implantación de un sistema tan complicado, como es este, requería de una
plataforma virtual donde poder hacer simulacros de cómo funciona el sistema, y
ver qué problemas y dudas se podían plantear a la hora trabajar con él. No se
puede enseñar con prisas y a lo loco, arremolinados ante un ordenador y en
veinte minutos, pero claro el tiempo se echaba encima y el papel 0 tenía que
implantarse con calzador si era necesario.
Desde esta Sección Sindical nos preguntamos
para cuándo la formación y la información al resto del personal. La convivencia
de los dos sistemas, el papel 0 (o papel doble) y el sistema de toda la vida,
ha dado lugar a la paradoja que en muchos Juzgados el papel se ha agotado
porque se está imprimiendo lo que se recibe por vía Lexnet para poder
integrarlo en los expedientes judiciales en papel, por lo que trabajamos dos
veces (con la pérdida de tiempo que ello supone y el cabreo e indignación de
los compañeros y compañeras). Esto va a producir, y no es un chiste, que el
gasto en papel aumente.
Esta representación sindical ha solicitando
información ante la Administración sobre los gastos de papel y toner desde
enero de 2016, sin respuesta hasta la fecha. La situación descrito ha causado
también el caos de los Decanatos y Juzgados de Canarias, que han comprobado
cómo las prisas por implantar este sistema han dado lugar al retraso en la
tramitación, numerosas disfunciones y multitud de tareas inútiles, así como al
lógico cabreo, malestar e indignación del colectivo que se ve impotente a la
hora de desarrollar adecuadamente y de forma digna su trabajo, lo que ha
obligado a poner en marcha un plan de refuerzos y un plan de actuación, que a
nuestro parecer es insuficiente. Una vez más el gobierno de Canarias ha negado
la participación a la parte social, a pesar de estar regulado en el DECRETO
40/2014, de 15 de mayo, por el que se regulan determinados aspectos
relacionados con la modernización de la Administración de justicia en Canarias
, al no convocarnos a los sindicatos ni convocar el grupo el Grupo de Trabajo
funcional de seguimiento del Proyecto Atlante, del cual forma parte los
representantes de los trabajadores y cuyas funciones son la siguientes:
a)La revisión del repertorio documental de
plantillas y los esquemas de tramitación existentes en el sistema de gestión
procesal, y análisis y resolución de peticiones de eliminación, modificación,
inclusión y configuración de plantillas formuladas de oficio o a instancia de
los usuarios.
b) El análisis de propuestas
de acomodación del sistema de gestión procesal a los requisitos que se fijen en
cada momento por el Consejo General del Poder Judicial para garantizar la
interoperabilidad de las aplicaciones y servicios informáticos.
c) El análisis de propuestas de mejora,
formuladas de oficio o a iniciativa de los usuarios respecto a nuevas
funcionalidades del sistema de gestión procesal.
d) El análisis de la adecuación a las bases
para el desarrollo del esquema judicial de interoperabilidad y seguridad de
modo que permita, a través de las plataformas tecnológicas necesarias, la
interoperabilidad total de todas las aplicaciones informáticas al servicio de
la Administración de justicia.
e) El análisis del cumplimiento de las guías
de interoperabilidad y seguridad de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, aprobadas por el Consejo General del Poder Judicial.
El propio gobierno de
Canarias ha reconocido que el expediente digital en Justicia – lo que el
ministro Rafael Catalá anunció como el «papel cero» para enero de 2016– no será
una realidad a pleno rendimiento en los juzgados de Canarias hasta mediados de
2017 .
INTERSINDICAL CANARIA
apuesta por la modernización de la justicia pero exige que se haga de forma
pausada, consensuada con los operadores jurídicos, negociada con los
representantes de los trabajadores y con dotación presupuestaria expresa para
los medios personales y materiales necesarios y con formación profesional
exhaustiva para el personal usuario de las nuevas tecnologías.
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