El plazo legal para la
implantación obligatoria del expediente judicial electrónico vence hoy, día 7
de julio, y desde INTERSINDICAL CANARIA
denunciamos el incumplimiento grave de la Ley por parte de la Comunidad Autónoma
de Canarias con competencias transferidas al no haber dotado de los medios
tecnológicos suficientes a la inmensa mayoría de los juzgados y tribunales y a
ninguna de las fiscalias.
Sin ser adivinos ni videntes INTERSINDICAL CANARIA ya adelantó este
incumplimiento en el mes de enero en su escrito de alegaciones al documento
remitido por el Servicio de Modernización y Organización de la Dirección
General denominado nada más y nada menos que ““Estrategia de comunicación y
gestión de certificados” tendente a la implantación del papel 0 en la Comunidad
Autónoma de Canarias, denunciando el caos y el perjuicio que se iba a ocasionar
a los trabajadores/as y al ciudadano en general. El tiempo lamentablemente nos
ha dado la razón en todo lo expuesto en nuestro escrito de alegaciones; la
puesta en marcha del papel 0 sin la formación y la información adecuada a los
compañeros/as no nos parece seria, la implantación de un sistema tan complicado,
como es este, requería de una plataforma virtual donde poder hacer simulacros
de cómo funciona el sistema, y ver qué problemas y dudas se podían plantear a
la hora trabajar con él. No se puede enseñar con prisas y a lo loco, arremolinados
ante un ordenador y en veinte minutos, pero claro el tiempo se echaba encima y
el papel 0 tenía que implantarse con calzador si era necesario.
Desde esta Sección Sindical nos
preguntamos para cuándo la formación y la información al resto del personal. La
convivencia de los dos sistemas, el papel 0 (o papel doble) y el sistema de
toda la vida, ha dado lugar a la paradoja que en muchos Juzgados el papel se ha
agotado porque se está imprimiendo lo que se recibe por vía Lexnet para poder
integrarlo en los expedientes judiciales en papel, por lo que trabajamos dos
veces (con la pérdida de tiempo que ello supone y el cabreo e indignación de
los compañeros y compañeras). Esto va a producir, y no es un chiste, que el
gasto en papel aumente.
Esta representación sindical ha
solicitando información ante la Administración sobre los gastos de papel y toner desde enero de 2016, sin respuesta hasta la
fecha. La situación descrito ha causado también el caos de los Decanatos y Juzgados de Canarias, que han comprobado cómo
las prisas por implantar este sistema han dado lugar al retraso en la
tramitación, numerosas disfunciones y multitud de tareas inútiles, así como al
lógico cabreo, malestar e indignación del colectivo que se ve impotente a la
hora de desarrollar adecuadamente y de forma digna su trabajo, lo que ha obligado
a poner en marcha un plan de refuerzos y un plan de actuación, que a nuestro
parecer es insuficiente. Una vez más el gobierno de Canarias ha negado la participación
a la parte social, a pesar de estar regulado en el DECRETO 40/2014, de 15 de mayo, por el que se regulan determinados
aspectos relacionados con la modernización de la Administración de justicia en
Canarias, al no convocarnos a los sindicatos ni convocar el grupo el Grupo
de Trabajo funcional de seguimiento del Proyecto Atlante, del cual forma parte
los representantes de los trabajadores y cuyas funciones son la siguientes:
a) La revisión del repertorio
documental de plantillas y los esquemas de tramitación existentes en el sistema
de gestión procesal, y análisis y resolución de peticiones de eliminación,
modificación, inclusión y configuración de plantillas formuladas de oficio o a
instancia de los usuarios.
b) El análisis de propuestas de
acomodación del sistema de gestión procesal a los requisitos que se fijen en
cada momento por el Consejo General del Poder Judicial para garantizar la
interoperabilidad de las aplicaciones y servicios informáticos.
c) El análisis de propuestas de
mejora, formuladas de oficio o a iniciativa de los usuarios respecto a nuevas
funcionalidades del sistema de gestión procesal.
d) El análisis de la adecuación a
las bases para el desarrollo del esquema judicial de interoperabilidad y
seguridad de modo que permita, a través de las plataformas tecnológicas
necesarias, la interoperabilidad total de todas las aplicaciones informáticas
al servicio de la Administración de justicia.
e) El análisis del cumplimiento
de las guías de interoperabilidad y seguridad de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, aprobadas por el Consejo General del Poder
Judicial.
El propio gobierno de Canarias ha
reconocido que el expediente digital en Justicia – lo que el ministro Rafael
Catalá anunció como el «papel cero» para enero de 2016– no será una realidad a
pleno rendimiento en los juzgados de Canarias hasta mediados de 2017.
INTERSINDICAL
CANARIA
apuesta por la modernización de la justicia pero exige que se haga de forma pausada,
consensuada con los operadores jurídicos, negociada con los representantes de
los trabajadores y con dotación presupuestaria expresa para los medios
personales y materiales necesarios y con formación profesional exhaustiva para
el personal usuario de las nuevas tecnologías.
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