INTERSINDICAL CANARIA denuncia que la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad incumple con el compromiso de la renovación de todos los equipos informáticos de la Administración de Justicia en
Canarias, tal y como se comprometió en un comunicado remitido por la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia el pasado 14 de enero
de 2015 , que literalmente dice los siguiente“La Consejería de
Presidencia, Justicia e Igualdad está acometiendo, desde el ejercicio
pasado, el proyecto de renovación de todos los equipos informáticos de la
Administración de Justicia en Canarias, con ello, además de reducir
notablemente el número de incidencias técnicas derivadas del estado actual del
parque tecnológico judicial, conseguiremos mejorar el rendimiento y reducir los
tiempos de respuesta de la actividad judicial.
El
presupuesto total para su ejecución asciende a 2,5 millones de euros, estimando
concluir este proyecto en el primer semestre de este año.
A
lo largo de este semestre se llevará a cabo, de forma progresiva, el
proceso de sustitución de los actuales PC´s de Justicia. “
Esta representación sindical presento escritos, el pasado mes de julio,dirigidos a la Consejería de Justicia, la Dirección General y el
Comité de Seguridad y Salud laboral de Justicia solicitando “la renovación de todos
los equipos informáticos de la Administración de Justicia en Canarias.”
Desde de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de Canarias se nos comunico que en diciembre se dotaría de los nuevos equipos informáticos a los órganos judiciales que estaban pendientes de renovación de los mencionados equipos, renovación que no se ha producido porque en partidos judiciales como La Orotava y Fuerteventura no se han renovado
los equipos informáticos.
En las alegaciones
presentadas por INTERSINDICAL CANARIA
al plan estratégico sobre la
utilización de LEXNET y certificados electrónicos en Canarias,
esta representación sindical hizo constar que
se había incumplido con lo preceptuado
D.A. Primera de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sobre la Utilización de medios
telemáticos, en el que a partir del 1 de enero de 2016, todos los
profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales,
que aún no lo hicieran, estarán obligados al empleo de los sistemas telemáticos
existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y
documentos y la realización de actos de comunicación procesal, respecto de los
procedimientos que se inicien a partir de esta fecha, en los términos de los
artículos 6.3 y 8 de la Ley 18/2011, de 5 de julio,
reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la
Administración de Justicia.
Para
garantizar la efectividad de esta disposición, las Administraciones con
competencia en materia de Administración de Justicia deberán dotar, con
anterioridad a dicha fecha, a las oficinas judiciales y fiscales con funciones
de registro, de los medios electrónicos adecuados en los términos establecidos
en el artículo 30 de la Ley 18/2011.
