La entrega del
Registro Civil a los
Registradores de la Propiedad supone la conversión de un servicio público en un
negocio para los Registradores , y un nuevo ataque al bolsillo de los
ciudadanos, que van a tener que afrontar un elevado coste por un servicio que
desde 1871 se presta de forma gratuita.
Se calcula que un expediente de matrimonio tendrá un coste aproximado de
unos 200 euros como mínimo y la expedición de una certificación entre 20 o 40
euros. Hay que tener en cuenta que la propia administración obliga en muchos
casos a presentar estas certificaciones y tramitar los expedientes. Los
habitantes de los pueblos tendrán que afrontar, además, los desplazamientos
hasta la localidad donde haya Notaría o Registro de la Propiedad.
No es gratuito recordar que el propio presidente del Gobierno es
Registrador de la Propiedad con plaza en propiedad y que también lo son algunos
de sus familiares directos.
La privatización del registro Civil conllevaría como primera
medida la desaparición de los juzgados de paz en los ayuntamientos y,
posteriormente, los partidos judiciales, reforma que está en marcha. Alejará la
administración de los ciudadanos y habrá que pagar por un servicio público que
hasta ahora es gratuito y el que mejor funciona de la Justicia ya que se han
invertido 128 millones de euros en su informatización
Desde
INTERSINDICAL CANARIA rechazamos contundentemente los planes de
privatización del Registro Civil por parte del Ministro Gallardón y
hacemos un llamamiento a todos/as los trabajadores/as para combatirlo por todos
los frentes.
