Obra en
nuestro poder un informe emitido por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias en el que muestra
su conformidad con la desaparición
de los Partidos Judiciales de Telde y
Arucas, en la provincia de Las
Palmas; y de Granadilla, Güimar y el
Puerto de la Cruz, en la de Santa
Cruz de Tenerife.
El informe a que nos referimos no nos ha sido remitido ni por la Sala
de Gobierno ni por la Secretaría de Gobierno del TSJC, que si bien no existe un
imperativo legal que los obligue a ello, las más elementales normas del
entendimiento y diálogo entre el colectivo de funcionarios de la Administración
de Justicia –que algo tendrán que decir en tan importante asunto- y las altas
instancias del Poder Judicial en el archipiélago deberían haberlo hecho
posible. Desde INTERSINDICAL CANARIA, consideramos
que esta desafortunada decisión del TSJC es una prueba más de la nula comunicación que existe entre la
representación del Poder Judicial en Canarias y los representantes de los
trabajadores de la Administración de Justicia.
En tiempos en que el hecho diferencial canario debe si cabe ser
más tenido en cuenta que nunca, el TSJC aboga por el centralismo territorial en
materia judicial, del cual se derivan desde nuestro punto de vista dos gravísimas consecuencias: el
alejamiento de la Justicia respecto a la ciudadanía y una previsible supresión
de puestos de trabajo de empleados públicos de la Administración de Justicia,
en una determinación territorial como la nuestra donde la misma adolece de
evidentísimas carencias materiales y personales.
Llama la atención en el referido informe que si bien se justifica
la pervivencia del Partido Judicial de Los Llanos de Aridane en la isla de La
Palma en razón a la accidentada orografía de esa isla –aspecto que compartimos-
nada se diga, por ejemplo, de la necesidad de la creación del Partido Judicial del Sur en la isla de Fuerteventura
que en razón las marcadísimas distancias existentes en ese territorio insular
bien podría contribuir a la muy deficitaria situación que soporta el actual –y
único- Partido Judicial de Puerto del Rosario.
Desde INTERSINDICAL CANARIA entendemos que la pretendida reforma de la
Ley de Demarcación y Planta Judicial debe abordarse con la participación de todos los agentes y operadores jurídicos
implicados y afectados, y no desde la visión unilateral y excluyente que
planteen únicamente el poder judicial y el político.
Canarias, a 27 de noviembre de 2012.-
