La reducción de partidos judiciales que propone el
CGPJ en CANARIAS, supone nada menos que la
eliminación de 8 Partidos Judiciales de los actualmente existentes, pasándose
de los 19 actuales al insuficiente número de 11 que contempla la propuesta.
En la provincia
de Santa Cruz de Tenerife se pasaría de 12 a 7
partidos Judiciales, uniéndose La Orotava, Puerto la Cruz e Icod, por
un lado; y Santa Cruz, Güimar, Arona y
Granadilla, por otro. Por su parte,
en la isla de La Palma habría un único Partido Judicial.
En la provincia de Las Palmas, se pasaría 7 a 4 partidos judiciales, uniéndose
los Partidos de Las Palmas de Gran
canaria, Guía y Arucas por un lado; y
San Bartolome de Tirjana y Telde, por otro.
Para INTERSINDICAL
CANARIA la medida que se pretende implementar es absolutamente
disparatada, y se traduce en una muestra más del desconocimiento de nuestra
realidad insular por parte del Consejo General del Poder Judicial y de los
responsables políticos, que al amparo de la tan cacareada crisis, darán una
nueva dentellada a los servicios públicos, alejando físicamente la
Administración de Justicia de la ciudadanía –con lo que supone de merma del
derecho constitucional a la tutela judicial efectiva- y gestando un nuevo marco idóneo para la eliminación de
puestos de trabajo en el sector de la Administración de Justicia en Canarias, pues
nos tememos que la propuesta busca fundamentalmente una reducción
significativa de las plantillas, contemplando en una primera fase el traslado
multitudinario de cientos de trabajadores/as, sin respetar los derechos consolidados
de éstos/as.
Es evidente que estas decisiones, que no
respetan siquiera el derecho a la información y vulneran el marco legal de la negociación colectiva sin ningún tipo
de escrúpulos, se traducen en un nuevo
déficit democrático de aquellos que entienden la gestión política a golpe de decretazo y de palmarias conductas totalitarias.
Para INTERSINDICAL CANARIA, una decisión de este tipo constituirá una agresión sin precedentes a los derechos de
ciudadanos/as y de los/as empleados/as públicos/as, por lo que debe ser
combatida con una respuesta social
unánime, a la que invitamos a sumarse a la ciudadanía en general y a los
trabajadores de la Administración de Justicia, profesionales del sector y
ayuntamientos afectados en particular.
Canarias, 4 de mayo de 2012
