Todos los sindicatos con representación en la mesa Sectorial de Justicia de Canarias quieren comunicar a la opinión pública que han entregado a los servicios jurídicos las Resoluciones de la Dirección General de Justicia del Gobierno de Canarias núm. 734 y 735 de fecha 15.06.2011 por entender que de las mismas pueden desprenderse responsabilidades penales por posible delito de prevaricación de la, aún en funciones, Directora General Doña MARIA DOLORES ALONSO ALAMO.
En dicha resolución la citada directora acuerda la convocatoria para la cobertura de dos puestos singulares denominados “gestor del archivo judicial territorial”, para funcionario interino del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
No existe en la Ley Orgánica del Poder judicial para el cuerpo de GESTION PROCESAL, ni funciones de ese tipo ni centro destino en que prestar servicios.
Tanto en las disposiciones normativas a nivel del estado como autonómicas en materia de Justicia, en lo que respecta a apoyos a los órganos judiciales, entre las que se encuentra la gestión de los archivos judiciales, se explicita que se desempeñaran por personal laboral.
Tanto es así que esta comunidad autónoma convoco a través del BOC de fecha 30.09.2004 proceso selectivo para unidades de apoyo a los órganos judiciales de la Administración de Justicia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias mediante contratación laboral temporal de interinidad.
¿Por qué conociendo la Ley como se conoce se hace esa convocatoria, cuando ya existen dos archiveros contratados desde hace más de 7 años?
A través del baremo que se establece en las resoluciones citadas y publicadas el 15.06.2011 y acordado unilateralmente por la citada directora General ¿Piensa vulnerar los principios de igualdad mérito y capacidad que rige cualquier nombramiento de la Lista de Reserva de Personal Interino de la administración de Justicia en Canarias?
¿Obedece el cese de al menos cuatro refuerzos, a la colocación de estas dos posible plazas de Gestores no Procesales?
Son muchas las preguntas y las irregularidades por lo que hemos puesto en manos de los servicios jurídicos este asunto.
Canarias, 2 de Julio de 2011.
