El principio universal de cualquier administración pública ha sido siempre garantizar que cualquier ciudadano, con independencia de sus ingresos, pueda tener cubiertas sus necesidades básicas, algo que cada día queda más lejos con el gobierno de Canarias.
Intersindical Canaria denuncia que el gobierno de Canarias se está aprovechando de la actual situación económica para arremeter contra cualquier servicio público “no rentable” que esté dirigido a cubrir necesidades esenciales de la población, aniquilando derechos sociales y laborales.
