La última subida salarial para los empleados del sector público fue aprobada en octubre del 2022 por el Gobierno de España y recogido en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023, aprobando un incremento del 2,5% para este año.
La Administración, vulnera cualquier regla legal en materia de igualdad retributiva a la vez que se produce una lesión de derechos fundamentales a múltiples empleados públicos que ven congeladas sus retribuciones, amparándose la Administración, en el hecho de que se produce un pago delegado de una prestación del INSS, cuando lo cierto es que el empleado público tiene el derecho a cobrar el 100 por 100 de sus retribuciones desde el inicio de la situación de IT tal y como se recoge en los Presupuestos Generales de Canarias para el 2023 y el artículo 39 del III Convenio Colectivo del personal Laboral.
La administración no debe apropiarse indebidamente del dinero de los trabajadores, ya que no es necesario esperar a que tengan el alta médica para que se les retribuya lo que por derecho les pertenece y en este sentido existen ya sentencias en varias comunidades autónomas incluida la nuestra, en la que la justicia reconoce el derecho de los empleados públicos a cobrar las subidas salariales que contempla la Ley pese a estar en IT.
Por ello Intersindical Canaria ha solicitado a la Dirección General de la Función Pública DICTE con carácter inmediato las instrucciones oportunas a todos los Departamentos de Personal y Nóminas de toda la Administración autonómica y procedan a aplicar a los empleados públicos que se encuentran en situación de incapacidad temporal, los preceptivos incrementos retributivos previstos en las leyes anuales de presupuestos del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, incluido el anterior del 1,5 por ciento aprobada en octubre del 2022 con carácter retroactivo hasta enero de ese mismo año.
