La empresa MHP logra que un juzgado investigue a Función Pública por su utilización del sistema de control Sicho | Urge al juez para que el Ejecutivo interrumpa el sistema
La batalla judicial emprendida por la empresa MHP contra la Comunidad Autónoma por apropiarse del Sistema Integral de Control Horario (Sicho) de los empleados públicos escribe un nuevo capítulo. El Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria ha reabierto diligencias penales y ha trasladado las mismas a la Fiscalía para que dé su parecer sobre las denuncias interpuestas por la empresa que, además, exige al juez como medida cautelar que decrete la interrupción inmediata del uso del Sicho por parte del Gobierno regional para el control de la jornada laboral de los empleados de Justicia, Servicio Canario de Salud y Administración General.
El enfrentamiento entre la empresa creadora del programa (software) y la Administración autonómica empezó hace más de un año cuando el Consejo de Gobierno aprobó una partida para sacar a concurso el mantenimiento del servicio de control horario de los empleados públicos con el argumento de que el Sicho era «propiedad» de la Comunidad Autónoma. Pese a los requerimientos y advertencias de la empresa, la Dirección General de Función Pública siguió adelante con el procedimiento. De esta forma la empresa MHP emprendió una batalla judicial en la que hay interpuestos dos recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y una denuncia penal por vulneración de la Ley de Propiedad Intelectual.
Más de 30.000 empleados usan el Sicho para la jornada laboral, vacaciones, permisos y licencias
La primera querella presentada por MHP fue archivada por el Juzgado. Sin embargo, una vez analizados los documentos presentados por Función Pública en el expediente que se tramita en los contenciosos, los asesores jurídicos de la empresa sospechan que algunos de ellos han sido «manipulados» para defender los argumentos de la Administración ya que no se corresponden con el pliego original de licitación del Sicho. Ante esta situación, MHP interpone en julio de este año una nueva denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. En agosto la Fiscalía traslada a la empresa que presente la denuncia en el Juzgado, que se interpone en septiembre. A principios de octubre el Juzgado dictó un auto ordenando la reapertura de diligencias penales y su traslado al Ministerio Fiscal.
MHP considera que el Gobierno regional lleva más de un año realizando un uso «fraudulento» del sistema de control de la jornada laboral que afecta a más de 30.000 empleados públicos. De hecho, a estas alturas del año Función Pública no ha finalizado aún el concurso para adjudicar el control horario a otra empresa y los problemas para el control del fichaje, vacaciones, licencias y permisos de los trabajadores se ha acumulado con numerosas quejas de los jefes de servicios, empleados y sindicatos.
La empresa no solo exige que se paralice el uso del Sicho por el Gobierno, sino que se retire urgentemente el software instalado en los servidores del Gobierno autonómico y su aplicación para móviles. También se solicita del Juzgado que ordene la desinstalación de los dispositivos de fichar ubicados en las dependencias públicas.
El nuevo concurso se resolvió en abril pero aún no se ha firmado el contrato con la adjudicataria
El propietario de la empresa, Moisés Hernández, considera que «los gravísimos problemas que están sufriendo los trabajadores públicos se deben exclusivamente a la nefasta gestión que ha hecho el Gobierno canario del sistema». En este sentido advierte que «la licitación del sistema Sicho, sin título de propiedad, sin disponer del código fuente o los manuales al ser un sistema secuestrado, es la culminación de un posible delito de estafa que el Gobierno de Canarias intenta ocultar a los trabajadores y a sus representantes». Asimismo, avisa que «la seguridad, integridad y veracidad de los datos podrían verse gravemente afectadas al sufrir la aplicación accesos por personal no autorizado por parte de MHP e infringiendo la legislación en materia de propiedad intelectual». Por ello además de los presuntos hechos delictivos que la empresa considera que se han cometido, también ha solicitado que se interrumpa el uso del Sicho por Función Pública.
MHP Servicios de Control SL se postula como entidad propietaria y creadora del programa de ordenador Portal Horario así como del conjunto de los sistemas y componentes que en su combinación forman parte del servicio integral que ha utilizado el Gobierno desde 2009 para controlar la jornada laboral y las vacaciones, permisos y licencias de los empleados públicos.
El nuevo concurso para el servicio de mantenimiento del Sicho se publicó el 2 de noviembre de 2021 y se resolvió el 12 de abril de 2022 con la adjudicación a la empresa Ayesa SA por 2,2 millones de euros. Sin embargo a día de hoy ni se ha firmado el contrato ni la empresa adjudicataria ha iniciado el trabajo para el que se presentó debido a este conflicto judicial.
FUENTE: EL DÍA
