La política social, formulada a través del diálogo entre los sindicatos y las empresas y los gobiernos, tiene todas las posibilidades de alcanzar los objetivos acordados por la comunidad internacional”.
En los últimos tiempos, hemos aprendido que los lugares de trabajo son fundamentales para prevenir y controlar pandemias, y que las medidas adecuadas de seguridad y salud en el trabajo pueden ayudar a contener la propagación de la enfermedad, al tiempo que protegen a los/las trabajadores/as y a la sociedad en general. Es por ello que, no debemos olvidar lo aprendido y en todo momento exigir la aplicación de medidas de prevención adecuadas.
Queremos aprovechar la ocasión para exigir la aplicación inmediata por parte del Gobierno del estado del Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, que establece que para aquellas actividades o grupos profesionales, en las escalas, categorías o especialidades cuyos trabajos sean de naturaleza especialmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, podrá acordarse que la edad mínima para la jubilación pueda rebajarse. Desde entonces no se ha hecho nada al respecto, más bien lo contrario se han establecido nuevos procesos de alargar la edad jubilación.
También reclamamos un empleo verde donde la naturaleza y el trabajo están intrínsecamente relacionados. Nuestras vidas y nuestro futuro dependen del entorno natural, de una transición justa hacia una economía eficiente en carbono y recursos en un planeta sano. El cambio climático y la degradación del medio ambiente ya están perturbando millones de empleos y medios de vida. Sin embargo, existen innumerables oportunidades para impulsar la economía y mejorar la calidad de la vida laboral.
Denunciamos que las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo tienen un costo inasumible y empobrecen a la clase trabajadora y a sus familias, reducen la posibilidad de un trabajo saludable y aumentan drásticamente los gastos en atención sanitaria. Se calcula que los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales conllevan una pérdida anual del 4% del PIB estatal.
Según datos recientes sobre la situación en Europa, la incidencia de las lesiones profesionales no mortales es más de un 40 por ciento superior entre los/las trabajadores/as jóvenes de 18 a 24 años, que entre los/as trabajadores/as adultos, por ello reclamamos una formación adecuada para una salud laboral plena en el trabajo.
Y, por último, desde INTERSINDICAL CANARIA JUSTICIA queremos manifestar que la sociedad solo podrá dar lo mejor de sí cuando la igualdad de género se haga realidad para todas las personas en todos los lugares del mundo, y cuando día a día se consiga mantener adecuadas condiciones sociales y laborales.
INTERSINDICAL CANARIA
Sector Justicia.
