La juez que se hizo cargo del cayuco localizado en abril al sur de El Hierro con 24 cadáveres y solo tres supervivientes a bordo se quejó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que amparó lo que consideró una «falta de colaboración» de la Policía para identificar a los fallecidos y de las «presiones» del Instituto de Medicina Legal para enterrarlos.
En una resolución a la que ha tenido acceso Efe, el CGPJ concede su amparo a la juez de Instrucción número 2 de Arona (Tenerife), Sofía Elena Valdivia, frente a las «presiones» -la afectada las describe directamente como «hostigamiento»- que recibió del director del Instituto de Medicina Legal en su provincia, Jesús María Vega, para que autorizara cuanto antes el enterramiento de esas personas.
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