Siendo evidentes las nocivas incidencias producidas por el efecto Covid-19 en todos los aspectos y sectores, dicha circunstancia ha tenido un claro reflejo en la Administración de Justicia en Canarias, que ha estado -y sigue estando- afectada por una ralentización significativa, y es seguro que sufrirá un previsible aumento de la litigiosidad a lo largo de corriente año, situando como principales perjudicados a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad (ERTE´s, despidos…).
Conscientes de esa evidente
realidad, la Sección de Justicia de INTERSINDICAL CANARIA
mantuvo reuniones en sede parlamentaria con los cuatro grupos
políticos que forman parte de nuestro ejecutivo autonómico -PSOE,
NC, UNIDAS PODEMOS Y ASG- al objeto de exponerles razonadamente las
causas que desde nuestra perspectiva harían imprescindible la
configuración y la consiguiente dotación presupuestaria para
implementar planes de choque durante este año, que
tuvieran por objeto paliar o atenuar los efectos descritos.
Al detentar el PSOE la
Consejería competente en esta materia, recaería sobre ella
afrontar con solvencia la propuesta hecha por INTERSINDICAL
CANARIA, con el consiguiente apoyo del resto de partidos
políticos que integran el Grupo de Gobierno.
Amén de que en la Ley
de Presupuestos de Canarias para el ejercicio 2021, no consta ni
un solo euro para implementar estos planes, después de tener
varias Mesas de Negociación con la Administración en lo que va de
año, presididas por la Directora General de Justicia, Marta Bonnet
Parejo, jamás se ha hablado por la Administración de medida
alguna para combatir el efecto Covid-19, como sí han hecho
otras Comunidades Autónomas con transferencias en materia de
Justicia -como Galicia o Valencia- o el Ministerio de Justicia en el
territorio que gestiona.
Desde nuestra perspectiva,
el máximo responsable de esta imprudencia es el Consejero
del ramo, Julio Pérez, que en este asunto ha demostrado estar en
Belén con los pastores, respondiendo con absoluta dejadez e
indiferencia ante una problemática de tal calibre.
El señor Pérez viene
demostrando desde hace tiempo ser el No-Consejero de
Justicia, pues parece estar más ocupado de desempeñar la
Portavocía del Gobierno o de asumir interinamente y en su momento
la Consejería de Sanidad. Está claro que en todas partes no se
puede estar, entre otras cosas porque nadie es imprescindible o
porque -para más inri- es precisamente la Consejería de la
que es titular la que menos parece preocuparle.
Pese a los alardes
de cambio del actual Gobierno de Canarias, es más cierto que el
coeficiente de progresismo y conciencia social exhibido
por Julio Pérez en cuanto a la gestión de nuestra
Administración de Justicia es portentosamente bajo o más
bien, brilla por su ausencia.
Como otra muestra de
la pésima gestión del actual Gobierno de Canarias,
querríamos señalar que el pasado mes de febrero se procedió por
la Directora General de Justicia, Marta Bonnet Parejo, a la
convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias del proceso
selectivo para la constitución de listas de reserva de personal
interino al servicio de la Administración de Justicia en Canarias,
que genera notabilísimas esperanzas de empleo para las personas
interesadas.
Pues bien: la gestión de
esa convocatoria ha sido para INTERSINDICAL CANARIA un auténtico
desastre, caracterizado por la más genuina aberración
normativa; y nos explicamos:
En dicha convocatoria, se
estipulaba el plazo de un mes para la presentación de
solicitudes. De ese plazo, al menos cinco días el sistema
informático adoleció de irregularidades, con las nefastas
consecuencias que ello implica. De mutuo propio -sin
negociación con los sindicatos, como estipula la normativa de
aplicación- la Dirección General procedió a publicar en el BOC
la ampliación del plazo en un único día, despreciando la
participación sindical que hubiese sido fundamental a la hora de
arbitrar una ampliación del plazo más generosa. Conviene
resaltar que la gestión del sitio web de esta convocatoria está
confiada a una Empresa Privada, que una vez más ha hecho alarde
de su ineficacia.
Si bien el talante impositivo
de la Sra. Bonnet Parejo queda palmariamente demostrado con lo
expuesto, se ha incurrido en otro despropósito legal de todavía
mayor calado: en la Resolución de convocatoria publicada en el
Boletín Oficial de Canarias, figuraba como requisito para poder
acceder a las listas de reserva de los Cuerpos de Gestión y
Tramitación de la Administración de Justicia el que los
interesados -citamos textualmente- “deberán acreditar
conocimientos de tratamiento informatizado de textos (…) expedido
por centro de formación reconocido oficialmente
(…)” (las negritas son nuestras).
Dicho lo dicho, comprobamos
con absoluta estupefacción que sin publicarlo en el BOC (como
hicieron, aunque sin negociación sindical, con el pírrico aumento
del plazo) la Dirección General de Justicia saca un Comunicado al
respecto que insertan en su página web donde establecen -citamos
literalmente-: “Se consideran acreditados los expedidos por el
Instituto Canario de Administración Pública(…)
Servicio Canario de Empleo(…) las Universidades (…)” (las
negritas vuelven a ser nuestras).
Es decir: que desde la
aberración normativa más absoluta, cambian lo que
eran centros de formación reconocidos oficialmente, por una
retahíla de centros específicos que no dudamos que están
reconocidos oficialmente, pero hay otros sin ser ésos, como
establece la convocatoria publicada en el BOC, que la Administración
pretende modificar radicalmente con una simple nota publicada en
su web, la cual tiene la misma vinculación normativa
que un anuncio publicado en cualquier otra página y
sobre cualquier tema.
Para INTERSINDICAL
CANARIA, la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia del Gobierno de Canarias está más
preocupada de sacar réditos políticos por la vía rápida que de
trabajar constriñéndose a los marcos normativos que obligan a
cualquier ciudadano.
Desde INTERSINDICAL
CANARIA apoyaremos cuantas acciones deseen ejercitar cada una
de las personas perjudicadas por estos disparates jurídicos
prodigados por la Administración, pues no es de recibo que
quienes están esperanzados en una posibilidad de empleo tengan
que sufrir en sus carnes este tipo de injusticias.
