A propósito de la designación de Victoria Rosell como delegada del Gobierno español para la Violencia de Género, bueno sería que la jueza en excedencia, antes de iniciar sus tareas en el área, entonase un “mea máxima culpa” sobre su acción represiva contra las féminas durante el tiempo que ejerció en la judicatura grancanaria. Más concretamente, nos referimos a su temerario auto por el cual procesaba a las cinco sindicalistas de Intersindical Canaria que, en el año 2012, con ocasión precisamente del Día Internacional de la Mujer, realizaron una pacífica protesta contra la reforma laboral, descolgando una pancarta en la sede de los empresarios de las Palmas. Un año de prisión y otro de inhabilitación fue la salvaje condena que la Magistrada Rosell pidió para nuestras cinco mujeres, Guacimara Vera, Luci Rodríguez, Asunción García, Aisha Hernández y Pino Monzón. A pesar del destacado movimiento social en favor de las represaliadas, las compañeras fueron condenadas a seis meses de prisión y 6.000 euros de multa abonados solidariamente por sus compañeros de Intersindical. La autocrítica y la solicitud de perdón que Rosell nunca dirigió a las sindicalistas procesadas, va a continuar estigmatizando la actividad pública de la ahora delegada del Gobierno para la Violencia de Género.
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