COMUNICADO DE PRENSA EMITIDO POR LA CONFEDERACION INTERSINDICAL CANARIA: CASO JACINTO ORTEGA: OFENSIVA JUDICIAL CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº Trece de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Suárez Ramos, ha condenado a Jacinto Ortega Del Rosario a abonar una indemnización de 4.000 euros a Miguel Ángel Ramírez, por –según el juzgador- intromisión en el honor del empresario Ramírez.

                Los hechos se circunscriben al 31 de marzo de 2015, cuando Jacinto Ortega, entonces Coordinador Nacional de Seguridad Privada de INTERSINDICAL CANARIA, criticó en Rueda de Prensa las rechazables e indignantes actuaciones de Miguel Ángel Ramírez contra los derechos más elementales de los trabajadores.

                Si bien este fallo judicial –que no es firme- debe ser acatado por estricto cumplimiento del imperativo legal, no es menos cierto que para quienes concebimos el derecho a la libertad de expresión como un pilar fundamental de lo que constitucionalmente se ha dado en llamar Estado de Derecho, queremos manifestar públicamente que el pronunciamiento judicial que cuestionamos, viene a engrosar la pléyade de ataques a los que ciertos sectores de la Judicatura vienen sometiendo a aquellos que, sin ostentar cotas de poder en cualquiera de sus formas, ejercen sus legítimos derechos para la defensa de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, denunciando practicas detestables del empresariado, de las que Miguel Ángel Ramírez es protagonista una vez y otra.

                Desde INTERSINDICAL CANARIA manifestamos sin cortapisa alguna, que sentencias como la del Magistrado Suárez Ramos constituyen un siniestro y nuevo avance en la ofensiva judicial contra la libertad de expresión, lo cual constituye una evidente apología de la reaccionaria Ley mordaza gestada por el PP.

                Pero es que además, este fallo judicial demuestra palmariamente que el Poder Judicial dispone de dos varas de medir, pues mientras se despiden sindicalistas de una de las empresas de Ramírez y se condena a activistas honestos y comprometidos en la lucha contra la explotación y la delincuencia –como es el caso de Jacinto Ortega-, personajes como Miguel Ángel Ramírez gozan de libertad pese a estar condenado a pena de prisión sin que medie indulto, al tiempo que una causa admitida a trámite contra él por presunto fraude a la Seguridad Social en el Juzgado de Instrucción Ocho de esta Capital, parece dormir el sueño de los justos merced al nulo impulso procesal achacable a la Magistrada Rosell y al Magistrado Alba Mesa (en esto coinciden ambos).

                Hechos objetivos como los expuestos, nos hacen avalar la desconfianza ciudadana en ciertos elementos del Poder Judicial, conclusión ésta de una gravedad extrema, pues inciden colateralmente en el descreimiento en un sistema democrático cada vez más dañado y vilipendiado por actuaciones gestadas desde el Poder en cualquiera de sus formas, de lo que es lamentable ejemplo la sentencia que criticamos y condenamos.

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