El acto de conciliación de 3 de febrero,
previo al juicio, se aplaza para citar a los gobiernos autónomos con
competencias en Justicia, además del Ministerio de Justicia y el CGPJ
inicialmente demandados por Jueces para la Democracia por conflicto colectivo.
La demanda se han extendido a los gobiernos con
competencias de Justicia transferida, que son Andalucía, Aragón, Asturias,
Canarias, Cantabria, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra,
País Vasco y La Rioja,
según fuentes judiciales.
La Sala ha citado como testigos, a propuesta de
la asociación, aMargarita Robles (magistrada del Tribunal Supremo y
exvocal del CGPJ), Carlos Hugo Preciado (magistrado
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya), Gloria Poyatos (decana
de Lanzarote) y Javier Martínez Derqui(juez de violencia sobre la Mujer de Madrid y
miembro de JpD). También está citado como perito Cristobal Molina Navarrete, catedrático de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad de Jaén.
Tras
la demanda, el CGPJ aceleró la marcha y recientemente ha aprobado el
primer Plan de Prevención de Riesgos Laborales que tenía en fase de elaboración y que contempla la
sobrecarga de trabajo como factor de riesgo laboral. La judicatura cacería de un
plan de riesgos laborales, cuando la ley fue aprobada en 1995.
Tras la demanda, el CGPJ aceleró la marcha y recientemente ha aprobado el primer Plan de Prevención de Riesgos Laborales que tenía en fase de elaboración y que contempla la sobrecarga de trabajo como factor de riesgo laboral. La judicatura cacería de un plan de riesgos laborales, cuando la ley fue aprobada en 1995.
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