El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, revisará los grandes proyectos pendientes de su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, según ha anunciado ante la Comisión de Justicia del Congreso. De esa revisión solo se librará la atribución de los registros civiles a los registradores de la propiedad, que aún está en marcha y que ha provocado notable polémica, porque desde distintos sectores se ha considerado como una privatización de este servicio público.
La principal rectificación de Catalá a su predecesor se refiere a dos normas: la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sobre la primera Gallardón impulsó una nueva norma que pasó una vez por Consejo de Ministros, que recabó informes de órganos consultivos y que quedó pendiente de aprobación por el Gobierno para iniciar el trámite parlamentario. Ese proyecto suponía un cambio radical de la Justicia para que, por ejemplo, pudieran instruir tres jueces las causas especialmente complejas. Catalá enterró ese proyecto y anunció uno nuevo que empezará el trámite desde cero, es decir, volviendo a recabar informes.
La norma anunciada por Catalá ya no eliminará los partidos judiciales y se limitará a cambios organizativos. Según dijo "mantener la demarcación, confirmar los partidos judiciales con proximidad al ciudadano. Introducir mejoras necesarias para que la demarcación funcione de forma eficaz, racionalizar la organización ante las salas de Gobierno y retoques en la oficina judicial".
Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2014/10/15/actualidad/1413390884_329947.html
