Justicia.
Aún siendo el Estado, a través del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial, el titular de la capacidad normativa y de la gestión de magistrados y jueces, fiscales y secretarios judiciales, nuestro compromiso con la mejora del servicio público debe fortalecerse en el marco de nuestra responsabilidad .
Es pues necesario mejorar nuestro autogobierno en una materia compleja, conforme a los acuerdos unánimemente adoptados en las Comisiones de CC.AA. con competencias en Justicia.
En materia de personal:
_ Instaremos que Canarias asuma las competencias sobre la gestión del personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia para poder organizar los efectivos según las verdaderas necesidades de esta Comunidad Autónoma.
_ Se impulsará el Plan de formación para acceder a la Administración de Justicia, que permitirá a un mayor número de residentes canarios prepararse una oposición para trabajar en los juzgados de Canarias y dar una mayor estabilidad a los mismos.
_ Se promoverá la formación previa del personal interino antes de acceder a su puesto de trabajo.
Infraestructuras, tecnología y organización:
Una vez se culminen los palacios judiciales de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna, se impulsará un nuevo Plan de Infraestructuras Judiciales que prevea las nuevas necesidades en este ámbito de los partidos judiciales de Canarias. En ese nuevo plan deben estar previstos, entre otros, el edificio judicial para el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife, Puerto del Rosario, La Orotava-Puerto de la Cruz y Granadilla.
Tras la implantación del Atlante II habiendo superado el test de compatibilidad del Consejo General del Poder Judicial, se impulsará el desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito de la administración de Justicia. Además, se impulsarán los objetivos de interoperabilidad del plan de modernización tecnológica del Ministerio de Justicia que pretende hacer posible que los juzgados y tribunales trabajen en red, con posibilidad de comunicarse entre sí. Disponer de un auténtico expediente judicial digital y hacer un uso eficiente de las TIC en la Administración de Justicia.
Esa colaboración es esencial, además, de un cambio de mentalidad para seguir avanzando en el diseño e implantación de la Nueva Oficina Judicial, así como en el nuevo sistema de planta y demarcación judicial. Con esta nueva organización, mejoraremos los tiempos de respuesta, la transparencia judicial y
la atención al ciudadano.
Se impulsarán los mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, a través de la mediación y los puntos de encuentro familiar.
