El pasado viernes, día 4 de marzo, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, acordó remitir a las Cortes Generales el proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal. Según reseña del propio Gobierno el proyecto “introduce reformas orientadas, fundamentalmente, a la simplificación y supresión de trámites innecesarios y, también, a impedir la dilación deliberada del proceso o limitar el uso desproporcionado de instancias judiciales. Para ello, racionaliza los procesos y mejora el sistema de recursos extraordinarios. Las medidas tienen como objetivo principal mejorar la respuesta de juzgados y tribunales, dentro del contexto general de reforma de la legislación procesal, para lograr una administración de Justicia más ágil, moderna y eficaz.”
Esta es la reseña ministerial, pero la realidad es muy diferente. Basta una lectura superficial y general del texto remitido a las Cortes para darse cuenta de la gravedad de las medidas que se acuerdan en su articulado. Vamos a referirnos a dichas medidas en dos aspectos diferentes:
