Durante el último trimestre de 2009, Intersindical Canaria inició una campaña de defensa de la calidad de los servicios públicos y de denuncia de los recortes presupuestarios que el go-bierno de Canarias aplicó, en los presupuestos de 2010, en sectores tan sensibles para la socie-dad como son la educación, la sanidad y los servicios sociales. Denunciamos entonces que aque-llos planes encubrían una nueva definición del sector público a favor de privatizaciones de los ser-vicios, privatizaciones de las que hemos sido testigos los empleados públicos en los últimos tiem-pos. Ahora, cuando ya conocemos el contenido del borrador del proyecto de la nueva ley de la Función Pública Canaria, aquellas denuncias cobran especial importancia. Con dicho borrador en la mano, comprobamos que la intención de este gobierno de desmantelar lo público en favor de in-tereses torticeros que nada tienen que ver con la voluntad de prestar un servicio de calidad a la ciudadanía canaria no era un invento ideado para hacer sindicalismo barato. Hoy comprobamos que, con este borrador, quienes durante veinte años han venido gestionando de forma pésima lo público en nuestras islas pretenden salvar los últimos obstáculos que se encuentran a la hora de hacer de la administración su cortijo privado: los empleados públicos. Para ello, se da luz verde a la posibilidad de acabar con la independencia del funcionario frente al poder político. De esta for-ma tendrán las manos libres para llevar a cabo cualquier proyecto personal sin las interferencias de un funcionario que desempeña su labor desde el respeto a la legalidad vigente y no a intereses partidistas, cuando no meramente personales, del gestor político de turno. Además, este borrador supone para el personal laboral al servicio de las administraciones la posibilidad real y cierta de convertirse en una especie en peligro de extinción al abrir las puertas a una funcionarización que no garantiza la conservación del puesto de trabajo a un amplio colectivo de trabajadores que du-rante más de doce años no han tenido la oportunidad de ver consolidada su relación laboral. Y no es el único colectivo que hoy ve peligrar sus puestos de trabajo. El personal interino de educación viene llevando a cabo desde hace meses una campaña en defensa de sus puestos de trabajo, hoy seriamente amenazados.
Y cuando en éstas estamos, nos encontramos con que, desde el gobierno del estado, se anuncia la puesta en marcha de medidas para hacer frente a la crisis que suponen un recorte de los salarios de los empleados públicos. A ver si lo entendemos. Vivimos en estos tiempos una cri-sis provocada por un sistema financiero internacional que, desde el neoliberalismo más salvaje, fagocitaba (y continua fagocitando hoy) enormes e indecentes cantidades de dinero en actividades especulativas que hicieron crecer una burbuja que reventó arrastrando en su caída la economía de todos los países y, con ellas, las economías domésticas de las clases trabajadoras. Esos mis-mos especuladores que provocaron esta crisis recurrieron entonces a los fondos públicos que los estados destinaron a salvaguardar la supervivencia de ese sistema financiero internacional sin admitir, como contrapartida, profundos cambios en el sistema que supusieran un mayor control de los estados para que esta situación no volviera a repetirse. Y ahora, cuando, repetimos, los esta-dos se han gastado unas ingentes cantidades de dinero para salvaguardar la existencia de la ban-ca internacional, resulta que deben recortar sus déficits públicos metiendo la mano en los sueldos de los trabajadores y los empleados públicos, así como recortando las pensiones.
Primero fue la jubilación a los 67 años. Después, el ataque a lo público en Canarias. Ahora los recortes salariales. ¿Qué viene después? ¿La reforma laboral tan anunciada? ¿La puesta en marcha de expedientes de regulación de empleo en las administraciones públicas?
Desde 1991 hasta 2008 (cuando en sectores como la construcción, la hostelería o la banca los salarios se incrementaron de forma desorbitada), si comparamos las subidas experimentadas por los salarios de los empleados públicos con los IPC de cada año, comprobamos que hemos acumulado una pérdida de nuestro poder adquisitivo de en torno al 15 o 17%, si no más. Un recor-te salarial como el que se anuncia puede suponer, en los años 2010 y 2011, un pérdida de en tor-no al 7% que se acumula a la anterior. Es la primera vez que en la historia de la democracia se adopta una medida que supone un recorte de los salarios de los empleados públicos.
Intersindical Canaria considera que no podemos permanecer sin alzar la voz ante esta rea-lidad. Nunca antes el sector público en Canarias ha vivido una situación tan grave como la actual. Los empleados públicos no debemos dejarnos llevar por el complejo que algunos quieren impo-nernos en el sentido de que somos unos privilegiados en la sociedad. No lo somos y nunca lo hemos sido. Atendiendo a algunas de las cosas que hoy en día se ve en los medios de comunica-ción, da la impresión de que los empleados públicos somos todos jefes de servicio que cobramos 2.500 euros al mes o más. Sabemos que eso no es cierto. Sabemos que hay muchos empleados públicos que son mileuristas, que llegan a final de mes con dificultades. Y un recorte salarial de este tipo supone un duro golpe a las economías de la mayoría del colectivo. Desde nuestro sindi-cato somos conscientes de que muchos de nuestros compañeros y compañeras no ven clara la idea de hacer un día de huelga por esta razón. ¿Qué porcentaje de rebaja salarial creen esas per-sonas necesario para que sí esté justificado un día de huelga? ¿Un 20%? ¿Un 30%? ¿Quizá un 40%? Creemos que, si no alzamos la voz en estos momentos, el gobierno tendrá expedita la vía de seguir con una política de recortes a las clases trabajadoras. No protestan, podemos seguir en esta línea, pensará.
Por todo ello, te pedimos que participes activamente en las movilizaciones que se están convocando en Canarias. Concretamente te pedimos que participes en la manifestación convoca-da para el 27 de mayo por las calles de Santa Cruz. Porque esa manifestación debe ser la ex-presión masiva de nuestro rechazo a esta situación. Porque esa manifestación debe ser la expre-sión clara de nuestra defensa de la calidad de los servicios públicos frente a las agresiones plani-ficadas por el gobierno de Canarias, y de nuestra repulsa a los recortes de derechos de cualquier tipo de los empleados públicos, vengan de donde vengan.
Además, te pedimos el esfuerzo de participar en el día de huelga que se convocará en los primeros días del mes de junio. Somos conscientes, también, de que muchos trabajadores y tra-bajadoras aducen razones económicas para no ir a la huelga. Que si además del recorte me van a descontar el día de huelga, que si la situación no está para hacer huelga… Compañero y compa-ñera, sólo se trata de un día de huelga. El recorte salarial es para toda la vida. Y, repetimos, si no hacemos nada, si no alzamos nuestra voz y les demostramos, tanto al gobierno de Canarias como al del estado, que nos tendrán enfrente siempre que se adopten medidas injustas como éstas, siempre que se pretenda llevar a cabo el desmantelamiento de lo público, lo que venga después, en un futuro no muy lejano, puede y será peor que esto de ahora. No podemos permanecer en si-lencio. Tenemos la responsabilidad de, sin complejos, con la cabeza bien alta, demostrar que los empleados y empleadas del sector público tenemos razones dignas para gritar basta ya. Quere-mos defender la supervivencia y la calidad de los servicios públicos. No queremos pagar los platos de una crisis que no provocamos las clases trabajadoras. Es hora de moverse. Es nuestra res-ponsabilidad.
POR LA DEFENSA DE LA CALIDAD LOS SERVICIOS PÚBLICOS
EN CONTRA DE LOS RECORTE DE DERECHOS
