Nuevo coto a los puestos de libre designación. A las numerosas sentencias que suprimen cargos directivos públicos nombrados por el Gobierno -normalmente vinculados a intereses políticos-, se une ahora una sentencia inédita del Tribunal Supremo. El órgano judicial anula seis altos cargos y, por primera vez, limita la discreccionalidad del poder Ejecutivo para crear y designar directores generales en la Administración. El Gobierno, de momento, ha hecho caso omiso..
La sentencia, del 3 de septiembre y emitida por la Sala Tercera de lo contencioso-administrativo, a la que ha tenido acceso Expansión.com, anula seis de once direcciones generales y una secretaría general contenidas en ocho reales decretos de 2008. El fallo está en línea con otros anteriores emitidos por este tribunal y otros órganos jurisdiccionales que contribuyen a la purga de altos cargos para reducir su coste un 8%.
Pero su relevancia radica, además, en que por primera vez limita la capacidad de decisión del Gobierno para redactar y aprobar el nombramiento de directores generales, subsecretarios y secretarios generales. En teoría, el Ejecutivo debería recurrir antes a la reserva funcionarial; es decir, debería ofrecer el puesto a un funcionario de carrera, siempre que para el cargo en cuestión no haya excepciones claras para tener que recurrir a personal ajeno a la Administración Pública, como serían la experiencia en el sector privado o habilidades específicas necesarias para el puesto.
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