La nueva Ley de la Función Pública Canaria pretende establecer un modelo de Administración que, lejos de velar por la prestación de servicios a nuestro pueblo canario, está orientado a someter plenamente a los empleados públicos a las voluntades de los políticos con el fin de privatizar los servicios públicos y de este modo dirigir el dinero de los canarios hacia los bolsillos de sus amigos.
Te presentamos un documento que resume en diez puntos los aspectos más importantes de esta ley y que debe llevarnos a reflexionar y a expresar nuestro mayor rechazo a la misma.
