El pasado viernes, y con un retraso sin precedentes, pues el proceso se inició nada menos que en julio de 2009, se han publicado los listados referidos. Dichas listas se configuran en atención a una valoración de méritos que por el sistema de concurso marca el orden de prelación de los diversos aspirantes conforme a la puntuación obtenida, existiendo para ello una Comisión de Selección (es decir, un Tribunal) integrado por miembros designados por la Administración y por los sindicatos con representación en el sector, interviniendo (cómo no) una empresa privada para la generación material de las listas.
Lamentablemente, las funestas previsiones que a lo largo del proceso ha hecho INTERSINDICAL CANARIA sobre las múltiples deficiencias que iban a patentizarse en la confección de estos listados, se han confirmado en su integridad: nuestros teléfonos no han dejado de sonar para que muchos compañeros afectados nos transmitieran su indignación ante la hecatombe de todo tipo de errores, deficiencias y problemas que como víctimas se les ha venido encima (como por ejemplo, confundir Diplomaturas con Licenciaturas; obviar años de servicios prestados, y así hasta el infinito…), indignación que compartimos completamente desde INTERSINDICAL CANARIA, pues los representantes de nuestra organización en el Tribunal de Selección han sido atónitos testigos de cómo la Administración ha usurpado las funciones de dicho Tribunal, convirtiendo el proceso selectivo en un bis a bis entre ella misma y la empresa adjudicataria (privada, claro…) para la generación material de las listas. Esta circunstancia ha venido siendo denunciada por INTERSINDICAL CANARIA tanto ante la opinión pública desde el año 2010, como en el seno del propio Tribunal, como así consta en un acta de fecha 14-7-2010, donde –ante las gravísimas anomalías que veníamos detectando- exigimos la revisión y baremación individualizada de cada una de las instancias, como así establece la normativa de aplicación, derecho que se nos negó por falta material de tiempo, excusa que, aparte de conculcar los marcos legales, se traduce en una evidente tomadura de pelo, pues la Dirección General de Justicia ha tardado nada menos que ¡ocho meses! en dar a la luz los listados que nos ocupan.
Para INTERSINDICAL CANARIA, es este un ejemplo más del totalitarismo con que desarrolla el Gobierno de Canarias su actuación ejecutiva, que refuerza sin ningún tipo de paliativos con elevadas dosis de aversión sindical y de desprecio hacia sus empleados públicos y hacia la ciudadanía en general, donde corren parejos el desmantelamiento de la calidad de los servicios públicos y las adjudicaciones alegres y millonarias a favor de las empresas privadas, a las que les sale siempre gratis esta sempiterna crisis…
Por desgracia, auguramos que este nuevo despropósito de la Administración terminará infectando de recursos los Juzgados de Canarias (hay presentadas casi 19000 solicitudes), a la par que se resentirá el servicio público de la Administración de Justicia, al no desempeñarse las plazas por los funcionarios más idóneos para ello. Y todo esto deberemos soportarlo todos y todas sin que nuestro Ordenamiento Jurídico permita actuar con contundencia frente a los responsables políticos que sufrimos, que van y vienen legislatura tras legislatura mientras otros quedamos sufriendo los entuertos que dejan y que se prolongan en el tiempo, sin que los responsables respondan por sus actuaciones.
