En la Mesa General
de Empleados Públicos celebrada el pasado 13 de Julio, el director
general de la Función Pública tan sólo se limitó a dar una
información sobre las negociaciones que los distintos Gobiernos
están manteniendo en Madrid, para arreglar el gran problema del que
son responsables en exclusiva ellos mismos y han originado años
atrás con la paralización de las ofertas de empleo público, lo
cual ha supuesto la precariedad e inestabilidad del empleo público.
Empujados a tomar decisiones en este sentido, gracias a las
sentencias europeas que no pueden dejar olvidadas en gavetas, se nos
“informó” de que se pretende antes de 31 de Diciembre de 2019
publicar la convocatoria de un proceso extraordinario de oferta de
empleo público, de la que aún en Canarias ni siquiera se ha
cuantificado aún el total de plazas que se verían afectadas, para
reducir los niveles de eventualidad en la Administración pública.
La negociación en este aspecto, no se ha producido aún, con lo que
difícilmente se ha podido llegar a acuerdo alguno.
Así mismo,
llevaron a la mesa una propuesta de modificación del Decreto que
regula las listas de empleo en el sector público, que resulta
insultante, pues no viene a recoger la derogación del Decreto
74/2010 y la desvinculación de las listas de contratación de las
ofertas de empleo público, requisito fundamental que lleva siendo
una reivindicación de Intersindical Canaria desde hace años y con
la que se comprometió el propio presidente de gobierno en su
momento. Dicha norma, no trae más que problemas a sectores sensibles
como sanidad y educación sirviendo como un ejemplo de ello el
hecho de que impide el acceso de nuevos profesionales que no se
hayan presentado a la oferta de empleo en su momento. Intersindical
Canaria dejó claro, que la derogación y por tanto la
desvinculación de esta norma de las ofertas de empleo resultan
requisitos irrenunciables para ésta organización sindical,
condición ésta que planteamos necesaria, para poder avanzar en la
negociación de los procesos que la administración pretende poner
en marcha.
En cuanto a las
mejoras de las medidas de conciliación familiar y laboral, el
director pide un nuevo sacrificio a los empleados públicos para ir
poco a poco incorporando estas medidas, que ya están aplicándose en
el Estado Español, no siendo su intención aplicar las mejoras
contenidas en el borrador de documento al conjunto de empleados
públicos dependientes del Gobierno de Canarias. Según parece, para
la Administración existen empleados de primera y de segunda, y la
conciliación de la vida familiar y laboral, un derecho básico, la
entiende ligada al puesto de trabajo y no a la situación familiar.
La postura de Intersindical Canaria fue clara, e incluso se presentó
por escrito, entendiendo que dichas medidas deben ser extendidas a
los sectores de Sanidad, Educación y justicia, a quien en este
momento no le es de aplicación por motivos exclusivamente
económicos.
Todo quedó
pendiente de respuesta por parte de la Administración, el Director
insistió mucho en que se trataban de primeros borradores, y no se
firmaron acuerdos de ningún tipo, tal como afirman, lo que origina
una gran sorpresa al leer los medios de comunicación tras la reunión
quienes dicen lo contrario. Tal comportamiento pone de manifiesto,
que el Gobierno de Canarias en las actuales circunstancias, en
minoría y debilitado como está, a nada de dar el “si quiero” al
PP para que entre como socio de gobierno, necesitaba salir a la
opinión pública colocándose alguna medalla sin que de ninguna
manera se hayan alcanzado aún mejoras palpables que mejoren la
precarización laboral a la que se ha sometido en los últimos años
a los trabajadores públicos.
