- Abandonar las reformas
estructurales de mayor calado. Ya no habrá una nueva LOPJ
completa que sustituya a la actual, ni reforma de la LECr para dar la
instrucción penal a los Fiscales, por entender que no existe ni el consenso ni
el tiempo necesario.
- En materia de Registro
Civil, el Ministerio de Justicia advirtió de que la decisión de entregar la
competencia a los Registradores Mercantiles ya está tomada y plasmada en una
ley aprobada por las Cortes Generales y repitió que entiende que con ello, se
garantiza su carácter público y gratuito y que, por lo que se refiere a su
ámbito territorial, garantiza que no se perderá empleo público y que todos los
funcionarios ahora destinados en el RC irán a otras oficinas judiciales.
- Iniciar un plan de
reducción de la interinidad que contendría cuestiones relativas a las
ofertas públicas de empleo, y a sustituciones, comisiones de servicio,
etc. dentro del ámbito del ministerio
- Realizar modificaciones
menores en la LECr y LEC a efectos de agilización procesal, especialmente
dirigidas, según dijo, a los macro-sumarios penales relativos a corrupción.
- Revisar la Ley de
Tasas, pero sin derogarla, con la idea de corregir los supuestos en que su
existencia haya condicionado de facto la tutela judicial efectiva de los
ciudadanos.
- Reforzar el proceso de
implantación de la NOJ en ámbito Ministerio de Justicia.
