Un
año de negociaciones —y de polémica— sobre el cambio de gestión del Registro
Civil terminó este lunes con la ruptura entre el Ministerio de Justicia y el
Colegio de Registradores, el colectivo en el que teóricamente se iba a delegar
el servicio que ahora realizan funcionarios judiciales. Justicia da por
definitivamente rota esa negociación y busca ahora fórmulas alternativas
(aunque aún sin descartar que el Registro Civil pase a manos de colectivos no
judiciales). El portazo se ha producido porque los registradores se negaban a
hacer ese trabajo gratis: exigían poder cobrar aranceles a los ciudadanos por
algunos trámites; y el ministerio ya se había comprometido a mantener la
gratuidad del servicio.
Publicado: http://politica.elpais.com
