A partir de su entrada en vigor todos los ciudadanos
(ya no sólo las persona jurídicas), tendrán que pagar una tasa fija, que
dependerá del tipo de proceso, si quieren defender sus derechos ante los
Tribunales, además de una tasa variable que asciende al 0,5% de la cuantía del
procedimiento si no supera el millón de euros y el 0,25% adicional a partir de
dicha cantidad, con un límite de 10.000€.
La única excepción se encuentra en el orden
jurisdiccional penal, así como determinados procedimientos que versen sobre
capacidad, filiación, menores, derechos fundamentales, monitorios y verbales
cuando su cuantía no supere los 2.000€, etc…
Desde INTERSINDICAL
CANARIA nos oponemos firmemente a la aplicación de la presente ley dado que
vulnera el principio a la tutela
judicial efectiva consagrado en la CE, ya que a partir de ahora muchos
ciudadanos no podrán acudir a los Tribunales a solventar sus pleitos por
carecer de recursos económicos para ello.
Por otro lado esta ley es claramente discriminatoria ya
que no existe ningún tipo de proporcionalidad, ni progresividad de las tasa,
pues por poner un ejemplo, va a pagar lo mismo una persona que cobre 1.200€
mensuales, que la que cobre 100.000 euros mensuales, esto es, LA JUSTICIA SÓLO
PARA LOS RICOS.
En definitiva continuamos con la política de desmantelamiento de los servicios públicos, que ahora
toca a las puertas de la Administración de Justicia, en aras a la creciente privatización de los mismos y a la
desjudicialización de los asuntos, para ir dejándolos poco a poco en manos
de los intereses de algunos, tales como notarios, registradores de la
propiedad…, que unido a la reducción de los partidos judiciales y creación de
los llamados Tribunales de Instancia, conllevará a la amortización y
consiguiente pérdida de puestos de trabajo.
