Cuando
parece que esta por terminar la huelga promovida por las asociaciones
de LAJs es hora de hacer una valoración y pronunciamiento a nivel
sindical al respecto,
todos somos conscientes de
que se han producido situaciones anómalas durante el desarrollo de
la misma y que aunque no hubieran existido se
ha generado un atasco que esta repercutiendo de manera directa sobre
el justiciable y que repercutirá indudablemente sobre el
funcionariado,
mucho nos tememos que esta situación se prolongará
a lo largo de los meses, hasta poder llegar a los niveles de partida,
que tampoco era una situación perfecta ni mucho menos.En
esta huelga se da la paradójica situación que los convocantes son
asociaciones al margen del tejido sindical con el que no han
entablado diálogo, pero los acuerdos a los
que se pudiera llegar tienen que ser refrendados por la Mesa
Sectorial de Justicia del Ministerio,
formada por la administración y los sindicatos más representativos a
nivel nacional y las asociaciones convocantes precisamente no tienen
representación en dicha mesa, los
representantes legales de los LAJs
tanto en los órganos generales como especiales son los sindicatos,
existiendo tal y como afirman las asociaciones de letrados una
contradicción intrínseca en todo eso, eso es cierto, pero la ley
está
como está
y los diferentes procedimientos presentados contra los distintos
procesos electorales se han zanjado siempre con resoluciones en el
sentido de que están
incluidos dentro del ámbito de las diferentes juntas de personal y
por ende de las diferentes Mesas de Negociación de Justicia.
Desde
INTERSINDICAL CANARIA
entendemos que
existe un mal manejo de la situación que lleva a una canalización
de manera inadecuada de la situación,
a partir de ahí vemos
con buenos ojos la posibilidad de desarrollo de la carrera
profesional y la eliminación de grupos de población,
pero son medidas
que no pueden ir dirigidas
a una parte exclusiva del colectivo,
en este caso los letrados, sino que tienen que ser implantadas para
la totalidad de los cuerpos generales al servicio de la
administración de justicia, entre los que se incluyen también los
letrados a este respecto no puede haber excepciones, ya en Canarias
vivimos la extraña
circunstancia que el complemento de residencia o insularidad o
como lo queramos llamar es porcentualmente mas alto en las islas
capitalinas para los letrados
que el que cobran los funcionarios del resto de cuerpos generales,
al igual que los compañeros del sindicalismo alternativo presentes
en la Mesa Sectorial de Justicia del Ministerio entendemos que hay
acuerdos que no se
pueden desligar entre si.
Por
último hacer constar que INTERSINDICAL
CANARIA,
ya ha planteado a la administración autónoma una doble vía:
1º)
La necesidad de por un lado acometer un
plan de actuaciones para afrontar las consecuencias que el atraso
producirá
en primer lugar ante la ciudadanía y en segundo lugar ante los
compañeros de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio, que
claramente son los que van
a tener que asumir la sobrecarga de trabajo
que viene generando esta huelga y todos somos conscientes
de
que los letrados saldrán de la huelga con un plan de actuaciones
para mitigar en la medida de lo posible la perdida de haberes
producida, cosa nada extraña porque es lo que siempre se ha
buscado a nivel sindical en todos los conflictos, pero evidentemente
esa sobrecarga no puede recaer sobre los compañeros lo
que faltaba es que tuvieran que afrontar una situación en la que no
han sido partícipes
sin ningún tipo de incentivo.
2º)
Se
ha solicitado la actualización
del Anticipo
Transitorio del Complemento Específico,
que depende de la CC.AA. de Canarias, que lleva sin
actualizarse desde el año 2009 y que nos sitúa
a la cola de las retribuciones a nivel nacional,
además
de como ya señalamos la
negociación de la carrera profesional, el abono de la productividad
y que promuevan ante el Ministerio de Justicia la
reforma de la
Indemnización
por Residencia
en los mismos términos que los letrados de la administración de
justicia, es
decir aumentar
el complemento de destino en Gran Canaria y Tenerife hasta el 80%
del complemento de destino vigente en el resto de islas del
archipiélago canario.
