El Secretariado Nacional de Administración Públicas de
Intersindical Canaria solicita que se anule el expediente abierto a una
funcionaria por una supuesta falta de respeto a Paulino Rivero.
Según consta en el expediente, fue
retratada en una imagen publicada por el periódico El Día durante una protesta de empleados
públicos contra los recortes del Ejecutivo regional. En la fotografía se la ve
"haciendo gestos obscenos, señalando una fotografía del presidente del
Gobierno de Canarias, minusvalorándolo, en la puerta principal del edificio
sede del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife".
"La actitud de la funcionaria pudiera ser considerada
de desprecio o descrédito, llevada a cabo con ánimos ofensivos y con publicidad
hacia la figura que representa el presidente del Gobierno".
Pero Intersindical Canaria considera este
expediente parte de un "supuesto erróneo", ya que se da por hecho la
"militarización" de los empleados públicos, a los que se les sustrae
el derecho a manifestar y expresar libremente sus opiniones.
El Presidente del Gobierno es el máximo
responsable de Gobierno de Canarias y por tanto está expuesto a toda clase de
críticas y reproches. Los funcionarios son ciudadanos que no han perdido
ninguno de ellos derechos reconocidos en el Título I de la Constitución , entre
otros, manifestar su disconformidad con la política que desarrolla el Gobierno
de Canarias.
Estas libertades tienen su límite en el respeto a los
derechos reconocidos en el mismo Título, especialmente, en el derecho al honor,
a la intimidad y a la propia imagen. Si alguien, cualquier ciudadano o
ciudadana vulnerara estos derechos del Señor Paulino, éste podrá acudir a los
tribunales ordinarios a exigir la correspondiente reparación o compensación que
procediera. Pero en este caso además creemos que no ha habido en la trabajadora
expedientada ninguna falta en ese sentido. Las críticas de los empleados
públicos se refieren siempre a los cargos que ocupan las personas, a las
responsabilidades que ejercen, y no las personas en sí mismo. No cabe que la
crítica a una institución como es la Presidencia de Gobierno, acabe con una represión
vía sanción laboral.
Si no se anula el citado expediente,
Intersindical Canaria lo impugnará y lo llevará ante los tribunales, pidiendo
responsabilidades penales contra aquellas personas que han incoado, apoyado y
tramitado un expediente sancionador que vulnera el derecho a la libre expresión
y el derecho a Libertad Sindica, pues vulnera la libre protesta contra acciones
abusivas de este Gobierno. Resulta intolerable la "caza de brujas" en
la
Administración Pública y porque los funcionarios cuando no
están en su puesto de trabajo no tienen superior jerárquico. Por tanto, fuera
de sus puestos de trabajo, sus actuaciones no están sujetas al derecho laboral
o a la Ley de
Función Pública, sino a los tribunales ordinarios.
Así que señores y señoras de Presidencia,
les solicitamos que anulen lo que
consideramos una chapuza política por carecer de fundamentos jurídicos; si no
es así, tendremos que darle la razón y repetir muchas veces lo que el periódico
el Día de fecha 1 de marzo de 2012 afirma en e “Comentario del día“refiriéndose
al Presidente: “Cada día peor por culpa
del torpe político”
