Para Intersindical Canaria, el acuerdo y el RD ley no puede ser más decepcionante. Ni se reconoce la responsabilidad que tiene el conjunto de las Administraciones Públicas en la génesis del problema de la temporalidad en las mismas, ni las medidas sancionadoras del abuso de temporalidad (las compensaciones económicas que se dictan) son suficientes, ni mucho menos podemos compartir que la solución para reducir las tasas de temporalidad al 8% se haga mediante procesos de estabilización del empleo, procesos en los que lo que se estabilizan son las plazas en vez de las personas interinas que venían ocupándolas en situación de abuso de temporalidad. Esta salida contraviene la normativa europea que ha establecido que, en ningún caso, la solución a la alta interinidad de las administraciones públicas españolas pueda pasar por procesos masivos de oposiciones.
Nunca podremos defender que sea una solución para el personal interino el despido con una compensación económica. Compensación que, además de ser una cuantía pequeña y muy inferior a la inicialmente anunciada (en el borrador inicial se establecía que sería de 33 días por año trabajado, con un máximo de dos anualidades, para quedar definitivamente fijado en 20 días, con un máximo de una anualidad) abre un panorama laboral especialmente difícil para aquellos compañeros y compañeras que más años llevan trabajando en situación de abuso de temporalidad.
Además, aún no nos han dicho cómo se va a financiar el despido de decenas de miles de interinos que lógicamente debe salir del erario público. Sin embargo, no hay que ser muy imaginativos para saber qué hará como siempre, con subida de impuestos a la clase trabajadora, recortando salarios públicos y pensiones y, como no, reduciendo el gasto público en servicios esenciales como sanidad, educación y dependencia. Y todo para sustituir a unos profesionales por otros cada tres años.
La reforma que establece este de Real Decreto-ley niega la posibilidad de cualquier solución excepcional al problema de la interinidad. Al obligar a ofertas masivas de empleo público, basadas en sistemas selectivos por el único procedimiento del concurso-oposición, cierra la puerta a medidas excepcionales y transitorias como las que se apuntan, si se desarrollasen correctamente, en el artículo 61.6 del propio TREBEP; por no hablar de otros posibles mecanismos de estabilización (de las personas) que ni siquiera parecen haber sido explorados por el Ministerio y los sindicatos firmantes.
Nos resulta muy duro aceptar que un gobierno que se dice progresista pueda legislar de esta manera en contra de sus trabajadores. No solo va a menoscabar el prestigio de los servicios públicos, sino que nos aboca a una situación de conflictividad que a nadie beneficia. Es, en estos momentos, cuando se demuestra para quien se gobierna y, en este caso, es evidente que no es para las trabajadoras y trabajadores a quienes se va a mandar al paro, ni para lo público.
INTERSINDICAL CANARIA exige al Gobierno de Canarias y a los Partidos Políticos Canarios que rechacen y no avalen con su voto esta propuesta del Gobierno que, además de una grave injerencia en la capacidad del auto-gobierno, puede suponer el despido de miles de trabajadoras y trabajadores del sector público. Además, insta al Gobierno de Canarias a que recurrir el texto aprobado por la vía del Decreto Ley.
En próximos comunicados os informaremos de acciones y propuestas más explícitas, en el sector de justicia, que están siendo analizadas por nuestros servicios jurídicos para intentar resolver el dislate firmado por los sindicatos anteriormente citados.
