En ese proceso de modernización, el ministro ha asegurado que una de
las decisiones más importantes que se han adoptado desde que existe el
Cuerpo de Registradores es que sean éstos los que asuman la llevanza
del Registro Civil, un servicio que acumula la mitad de las quejas del
Defensor del Pueblo en materia de Justicia. Rafael Catalá ha defendido
esta medida porque, ha dicho, la labor de calificación e inscripción no es
una función judicial y por tanto, es más propia de registradores que de
jueces o funcionarios de la Administración de Justicia; a la vez que ha
negado que se trate de una privatización del Registro Civil, de manera
que éste seguirá siendo público, gratuito, universalmente accesible y su
información continuará siendo de titularidad estatal.
La encomienda de gestión de las nacionalidades
Además, el ministro se ha felicitado porque las dos encomiendas de
gestión de los expedientes de nacionalidad ya suscritas han permitido
resolver en dos años más de 425.000 solicitudes, frente a las 735.000 de
los doce años anteriores. Estos datos, ha dicho Catalá, confirman la
eficiencia del trabajo realizado y son la razón por la que en los próximos
días se suscribirá un nuevo acuerdo para poner en marcha una tercera
encomienda de gestión, ha anunciado el ministro, que se ha
comprometido a dialogar e implicar a los destinatarios.
Fuente: http://www.mjusticia.gob.es/